El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) declaró el estado de alerta máxima ante lo que considera un avance encubierto del Gobierno nacional hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La conducción gremial, encabezada por Graciela Aleñá, expresó un fuerte rechazo al nuevo esquema organizativo impulsado por la administración de Javier Milei, elaborado bajo los lineamientos del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger.

Desde el sindicato sostienen que, lejos de tratarse de una simple reestructuración, el cambio de organigrama configura un retiro progresivo del Estado de una función estratégica, sin discusión pública ni intervención del Congreso. En ese marco, Aleñá confirmó una serie de movilizaciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires, en paralelo al debate de la reforma laboral en el Senado.

“Estamos dando la pelea donde corresponde. Lo que sucede en Vialidad es un ejemplo claro de cómo el Gobierno ignora límites legales y constitucionales. Aunque la Justicia y el Congreso ya marcaron que no se puede avanzar en la destrucción de la DNV, el Ejecutivo insiste mediante decisiones administrativas”, afirmó la dirigente sindical.

Según detalló el gremio, un informe interno del propio organismo da cuenta de un proceso denominado de “reorientación institucional”, que en la práctica implicaría que Vialidad deje de ejecutar obras, tareas de mantenimiento y conservación de rutas, para quedar reducida a un rol acotado de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas.

Para el STVyARA, esto supone que el Estado abandone la construcción y el cuidado de la red vial nacional, limitándose a supervisar la eventual acción de terceros. “No es un cambio técnico: es una decisión política que pone en riesgo a millones de usuarios y a la seguridad vial en todo el país”, advirtieron.

Ante este escenario, el sindicato envió cartas documento al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y al ministro Sturzenegger, intimándolos a no avanzar en medidas que impliquen la disolución, el vaciamiento o la desnaturalización de Vialidad Nacional. En la presentación formal, exigieron que se frene cualquier iniciativa que elimine funciones operativas esenciales, transfiera competencias clave al sector privado o convierta al organismo en una estructura meramente testimonial.

La organización gremial remarcó que este tipo de decisiones contradicen el interés público, vulneran el principio de continuidad de los servicios públicos y afectan el deber del Estado de preservar su patrimonio y garantizar la integración territorial. También alertaron sobre el impacto social y económico que tendría en las regiones más postergadas del país.

Finalmente, desde el sindicato subrayaron el rol histórico de la Dirección Nacional de Vialidad como herramienta de desarrollo federal y equidad social. “Vialidad permitió llevar rutas, conectividad y producción a lugares donde el mercado no llega porque no es rentable. Desmantelarla es profundizar desigualdades y abandonar a cientos de comunidades”, concluyeron.