Mientras amplias zonas del país continúan afectadas por incendios forestales, el Gobierno nacional avanza con un plan de ajuste que podría implicar el despido o retiro forzado de alrededor de 400 trabajadores de la Administración de Parques Nacionales. La medida genera fuerte preocupación entre los brigadistas y el personal técnico, que advierten que ya están enfrentando el fuego con dotaciones insuficientes.
Actualmente, cuatro provincias permanecen bajo emergencia ígnea, ya sea por focos activos o por condiciones climáticas que favorecen la reactivación de incendios. En ese contexto, los parques nacionales cumplen un rol central: además de ser áreas especialmente vulnerables, funcionan como bases operativas para la prevención y el combate del fuego.
Desde los trabajadores alertan que el recorte de personal profundizaría una situación crítica. “Hace días que estamos realizando asambleas en cada lugar de trabajo para visibilizar nuestra preocupación. En Parques Nacionales no sobra nadie”, sostuvo Leonardo De Gennaro, secretario de Organización de la Junta Interna de ATE en el organismo.
La señal de alarma se encendió tras declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien planteó la intención oficial de reducir un 20% de la planta de personal, lo que equivaldría a unas 400 desvinculaciones. Según denuncian desde el gremio, el plan incluye retiros voluntarios que en los hechos funcionan como despidos encubiertos.
Los trabajadores cuestionan la contradicción entre esta política y las necesidades urgentes del sistema. “El Gobierno autorizó destinar cerca de 14.000 millones de pesos para financiar los retiros, pero sostiene que no hay recursos para fortalecer el combate contra los incendios ni para mejorar los salarios”, remarcan desde ATE. Los brigadistas, agregan, llevan dos años con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
La Administración de Parques Nacionales cuenta con unos 2.000 empleados en total. Los brigadistas conforman la primera línea frente al fuego y las tareas de prevención, respaldados por equipos técnicos, profesionales y administrativos que garantizan el funcionamiento y cuidado de los 39 parques nacionales del país.
A esta situación se suma la precarización laboral que atraviesa gran parte del personal estatal. De acuerdo con De Gennaro, solo la mitad de los trabajadores tiene planta permanente, mientras que el resto cuenta con contratos anuales. “El salario promedio está entre 600.000 y 900.000 pesos, cuando una familia necesita al menos 1.300.000 pesos para cubrir la canasta básica, y mucho más si vive en la Patagonia”, explicó.
En medio de una emergencia ambiental que exige más recursos humanos y materiales, los trabajadores advierten que el ajuste en Parques Nacionales no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino también la capacidad del Estado para prevenir y enfrentar los incendios, con consecuencias directas para el ambiente y las comunidades cercanas.
