El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quedó nuevamente en el centro del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Funcionarios alineados con la gestión libertaria ya comenzaron a diseñar un plan de reestructuración que incluye hasta 1.700 retiros voluntarios y la venta de una parte significativa de las tierras del organismo, una estrategia que genera fuerte preocupación entre los trabajadores y los gremios ATE y APINTA.

La semana pasada, el Consejo Directivo (CD) del INTA aprobó una serie de lineamientos clave que forman parte de este proceso. Entre ellos, se resolvió instruir a la Dirección General de Administración (DGA) para que elabore un programa específico de retiros voluntarios, que podría comenzar a aplicarse a partir del 1° de marzo. El esquema será presentado en la próxima reunión del CD para su análisis y eventual aprobación.

Desde distintas entidades que integran el Consejo Directivo expresaron reparos ante el alcance de la medida, especialmente por el riesgo de perder personal técnico altamente calificado. Por ese motivo, solicitaron que el plan contemple mecanismos que eviten afectar el funcionamiento del organismo y su rol estratégico en el desarrollo científico y productivo del sector agropecuario.

Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados. La meta de la Casa Rosada sería reducir esa dotación en alrededor de 1.700 puestos. Desde el inicio de la actual gestión, ya se contabilizan 878 bajas, que incluyen retiros, cesantías, renuncias y jubilaciones.

Preocupación gremial

Desde los sindicatos encendieron señales de alarma. Julieta Boedo, delegada de ATE en el organismo, advirtió que el panorama es “extremadamente preocupante”. “Una vez que se conozca el saldo final de los retiros voluntarios, tendremos que estar muy atentos a si el Gobierno avanza con nuevas bajas, despidos u otras medidas de ajuste”, sostuvo.

El temor gremial se inscribe en un contexto más amplio de achique institucional. A fines de 2025, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, presentó ante la Mesa de Enlace un plan de reducción del organismo estructurado en siete ejes generales, con una agenda que se extiende hasta abril de 2026.

Ese programa prevé la revisión de más de 200 líneas de trabajo y proyectos para definir cuáles continúan, se reformulan o se cierran, además de una reorganización profunda de la estructura interna. Entre los puntos más sensibles, se plantea la fusión de los actuales 15 centros regionales en apenas cuatro o cinco macrorregiones administrativas.

También se anunció una evaluación integral de estaciones experimentales y agencias territoriales, bajo el argumento de eliminar superposiciones y mejorar la “eficiencia operativa”, aunque sin confirmar cierres automáticos. En paralelo, el Gobierno analiza dar de baja a todas las cooperadoras vinculadas al INTA, sin que hasta ahora se hayan detallado los mecanismos ni los plazos de esa decisión.

Venta de tierras

Otro eje central del ajuste es el desprendimiento de tierras. Según lo informado oficialmente, ya se identificaron siete predios que el Gobierno pretende vender. Uno de ellos se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y pasaría a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con un destino aún no definido.

Los otros seis predios están ubicados en Catamarca; Chaco-Formosa; Buenos Aires Norte; Mendoza; Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos, deberán ser evaluados previamente por los Consejos Regionales. El esquema contemplaría traslados de personal y, según se aclaró, varios de los terrenos corresponden a campos anexos a las unidades productivas.

El trasfondo de esta política es la intención oficial de avanzar con la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, de acuerdo con una auditoría del propio Gobierno, se encontrarían “en desuso”. Para los trabajadores y los gremios, sin embargo, se trata de un proceso que pone en riesgo el carácter federal, científico y estratégico del INTA.

Mientras se ultiman los detalles del plan de retiros y de la venta de tierras, crece la tensión en uno de los organismos históricos del sistema científico-tecnológico argentino, clave para el desarrollo agropecuario y la soberanía productiva del país.