Casi sin discusión pública ni centralidad en el debate mediático, el proyecto de Reforma Laboral incorpora una modificación que podría tener consecuencias profundas sobre el sistema solidario de salud. Se trata de la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada al financiamiento de las obras sociales, una medida que, según especialistas, podría derivar en un escenario de colapso para buena parte del sistema y trasladar el costo directamente a los trabajadores.

Actualmente, el Seguro Nacional de Salud se sostiene con un esquema contributivo que combina un aporte del trabajador del 3% de su salario y una contribución del empleador del 6%, alcanzando un total del 9%. La iniciativa oficial propone reducir el aporte patronal al 5%, lo que achica el financiamiento global al 8% y genera un agujero millonario en los ingresos de las obras sociales sindicales.

Un informe elaborado por el sociólogo y especialista en sistemas de salud Santiago Quintana, al que accedió InfoGremiales, dimensiona el impacto de la medida. Tomando como base una masa salarial anual estimada en 99 billones de pesos, la reducción del 1% implicaría una pérdida cercana a los 994.000 millones de pesos anuales para el conjunto de las obras sociales. Se trata, según el autor, de una merma estructural y permanente, producto de una decisión normativa y no de factores coyunturales.

El recorte llega, además, en un contexto ya crítico. La caída del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años redujo la cápita real, mientras que los haberes quedaron sistemáticamente por detrás de la inflación. A eso se suma el proceso de “descreme” generado por la libre derivación de aportes, que debilitó a las obras sociales sindicales al eliminar su rol de intermediación obligatoria.

Desde el sector advierten que el impacto puede ser devastador. “Todas las obras sociales van a empeorar sus servicios y las más chicas directamente van a empezar a caer”, señalan conocedores del sistema. Las entidades con menor cantidad de afiliados, altos costos prestacionales y baja recaudación aparecen como las más expuestas a una crisis terminal.

Lejos de resolverse con un mayor aporte estatal o empresarial, la salida al desfinanciamiento parece encaminarse a un mayor esfuerzo de los trabajadores. Para compensar la quita del aporte patronal, las alternativas que se barajan incluyen la pérdida de calidad en las prestaciones, el encarecimiento de los planes en los esquemas desregulados o la generalización de copagos más frecuentes y más elevados.

El informe también alerta sobre el impacto indirecto en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), uno de los pilares del esquema solidario del sistema de salud. El FSR se financia con una retención del 15% de lo recaudado por las obras sociales y permite cubrir reintegros por prestaciones de alto costo, tratamientos complejos y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad.

“La caída de los aportes reduce de manera automática los recursos del Fondo, limita su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, genera demoras en los reintegros, desfinancia prestaciones críticas y aumenta la litigiosidad”, advierte Quintana. En los hechos, concluye, la medida debilita el principio de solidaridad intersindical que durante décadas sostuvo una cobertura amplia dentro del subsistema de salud.

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, crece la preocupación en el ámbito sindical y sanitario por una reforma que, lejos de modernizar el sistema, podría empujar a las obras sociales a una crisis sin retorno y convertir el acceso a la salud en un costo cada vez más difícil de afrontar para los trabajadores.