Un informe reciente encendió señales de preocupación en el ámbito científico argentino al advertir sobre una fuerte caída del empleo en el sector público. Desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se habrían perdido más de 6.300 puestos de trabajo en organismos de ciencia y tecnología, lo que equivale a un promedio cercano a ocho empleos menos por día.

De acuerdo al relevamiento del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e Innovación, la dotación total pasó de 75.057 trabajadores a 68.730 en la actualidad, reflejando un retroceso sostenido en uno de los sectores estratégicos para el desarrollo.

Entre los organismos más afectados aparece el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que concentra la mayor pérdida de personal con 2.365 puestos menos. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con 836 empleos perdidos, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con una reducción de 834 trabajadores.

El caso del INTI genera especial inquietud dentro del sector: según el informe, podría llegar a perder hasta el 48% de su planta si avanzan los retiros voluntarios y despidos anunciados, lo que llevaría su nivel de personal a cifras comparables con las de la década de 1980.

En el CONICET, considerado el principal organismo científico del país, la caída se registra por segundo año consecutivo e impacta tanto en investigadores de carrera como en personal de apoyo y becarios. En total, se contabilizan 880 puestos menos entre investigadores y administrativos, además de 1.485 becas reducidas.

El estudio también advierte sobre el deterioro en términos comparativos a nivel internacional. Mientras que los países de la OCDE promedian 9,7 investigadores cada mil personas económicamente activas, Argentina descendió de 3 en 2023 a 2,8 en 2024, lo que refleja una pérdida de masa crítica en el sistema científico.

El informe concluye que esta tendencia no solo implica una reducción cuantitativa del empleo, sino que puede tener efectos estructurales a mediano y largo plazo sobre la capacidad del país para generar conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico.