En una sesión extensa, atravesada por un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y movilizaciones en distintos puntos del país, el oficialismo consiguió un amplio respaldo en la Cámara de Diputados para dar media sanción a la reforma laboral. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos contra 115 negativos y ahora será girado al Senado, donde el Gobierno intentará convertirlo en ley la próxima semana.

El resultado superó las previsiones más ajustadas y le permitió al Ejecutivo blindar la iniciativa tanto en la votación en general como en el tratamiento en particular de sus 26 títulos y 218 artículos. Para garantizar el respaldo, se eliminó previamente el artículo 44, que contemplaba una reducción salarial en casos de accidente o enfermedad no laboral.

El proyecto fue aprobado con los votos de La Libertad Avanza y aliados parlamentarios como sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques provinciales. En contra se pronunciaron los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros monobloques opositores.

Los principales cambios

La reforma introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en la normativa sindical, además de cambios en materia impositiva y judicial. Entre los puntos centrales se destacan:

Convenios por empresa y negociación descentralizada
Se establece que los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar los de ámbito menor. Esto habilita mayor peso a los acuerdos por empresa y reduce la incidencia de las negociaciones sectoriales amplias.

Fin de la ultraactividad plena
Los convenios vencidos dejarán de regir automáticamente hasta la firma de uno nuevo, salvo en lo referido a condiciones básicas de trabajo.

Componentes salariales “dinámicos”
Se habilita la incorporación de conceptos retributivos variables, transitorios o adicionales por acuerdo colectivo o individual, incluso por decisión unilateral del empleador.

Indemnizaciones
Se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual habitual. Sin embargo, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales como aguinaldo o premios extraordinarios.

Pago de sentencias judiciales
Las condenas laborales podrán abonarse en hasta seis cuotas (doce en el caso de pymes), ajustadas por IPC más un 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral
Se crea un fondo financiado por aportes empresariales del 1% (grandes empresas) y 2,5% (pymes), con beneficios compensatorios en contribuciones patronales destinadas a la seguridad social.

Banco de horas
Se habilita la compensación de jornadas extendidas con reducciones posteriores, con un tope de 12 horas diarias y descanso obligatorio de 12 horas.

Vacaciones
Podrán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril y fraccionarse en períodos no menores a siete días, con notificación previa de 45 días.

Pago en moneda extranjera
Se incorpora la posibilidad de abonar remuneraciones en moneda extranjera, además de las modalidades ya previstas.

Sindicatos y derecho de huelga
Se fija un tope del 2% para cuotas solidarias y se limita la realización de asambleas en lugares de trabajo sin autorización del empleador. Se restringe el derecho de huelga en actividades declaradas “servicios esenciales” (75% de cobertura obligatoria) y “servicios trascendentales” (50%).

Responsabilidad solidaria
Se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal en contrataciones de terceros.

Plataformas digitales
Los repartidores serán considerados “prestadores independientes”, aunque las empresas deberán contratar seguros y ofrecer capacitación.

Justicia Laboral
Se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Derogaciones
Se prevé la derogación de la ley de teletrabajo y de estatutos profesionales específicos, como el del periodista, en el plazo de un año desde la sanción.

Un debate que continúa

El oficialismo celebró el resultado como un paso decisivo hacia la “modernización laboral”, mientras que la oposición y centrales sindicales advirtieron que se trata de un retroceso histórico en derechos individuales y colectivos desde el retorno democrático en 1983.

Con la media sanción ya obtenida, el Senado será el próximo escenario de una discusión que promete mantener alta la conflictividad política y social en los días venideros.