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Martes 15 de Septiembre de 2026

ATE reclamó un examen psicofísico para Milei y cuestionó la falta de controles sobre la máxima autoridad del Estado

Política gremial Martes 15 de Septiembre de 2026
ATE reclamó un examen psicofísico para Milei y cuestionó la falta de controles sobre la máxima autoridad del Estado

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó un pedido formal al Gobierno nacional para conocer si el presidente Javier Milei fue sometido a evaluaciones de aptitud psicofísica para ejercer su cargo. El sindicato, conducido por Rodolfo Aguiar, sostiene que la salud de quien encabeza el Poder Ejecutivo constituye una cuestión de interés público cuando se relaciona con su capacidad para desempeñar la función presidencial.

La organización gremial solicitó que se informe si existen exámenes médicos, juntas profesionales, certificados, dictámenes o protocolos que hayan evaluado la aptitud física y psíquica del mandatario. En caso de que no se haya realizado ningún estudio, reclamó que se instrumente una evaluación.

Aguiar cuestionó los controles exigidos a los trabajadores

El secretario general de ATE Nacional fundamentó el planteo en la diferencia entre los requisitos que deben cumplir los empleados públicos y las exigencias aplicables a las máximas autoridades del Estado.

“Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, afirmó Aguiar, al cuestionar que los agentes de la Administración Pública Nacional deban atravesar exámenes preocupacionales mientras no existiría, según el planteo sindical, una obligación equivalente para el Presidente.

La entidad gremial sostiene que la aptitud psicofísica debe analizarse en relación con las responsabilidades institucionales del cargo y no como una cuestión de curiosidad personal.

Un pedido limitado a la aptitud, sin acceso a la historia clínica

ATE aclaró que su solicitud no busca obtener diagnósticos, tratamientos ni información médica privada de Milei. El requerimiento apunta a determinar si existe una evaluación oficial y cuál fue su conclusión, limitada a la condición de “apto” o “no apto”.

Además, el sindicato pidió conocer qué organismo o profesional intervino, cuándo se realizó el eventual examen y si existe alguna normativa que establezca controles periódicos para el Presidente. En caso de una negativa, reclamó que el Gobierno explique por escrito los fundamentos y las excepciones legales invocadas.

Aguiar vinculó el pedido con el derecho de acceso a la información pública y sostuvo que la cuestión tiene implicancias institucionales, debido a las atribuciones que concentra la Presidencia de la Nación.

La iniciativa que ATE prepara para 2027

Más allá del reclamo dirigido al actual mandatario, el sindicato anunció que impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, las personas que se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud psicofísica.

La propuesta busca instalar una discusión sobre los requisitos de salud aplicables a quienes aspiran a ocupar responsabilidades públicas. Para ATE, la experiencia de la actual gestión presidencial demuestra, según su interpretación, la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación previos al acceso a los cargos electivos.

El planteo sindical también pone el foco en las facultades del Presidente como jefe de la Administración Pública Nacional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, funciones que, de acuerdo con Aguiar, otorgan una dimensión adicional al debate sobre la aptitud para ejercer la primera magistratura.

Un reclamo que abre un debate institucional

La presentación de ATE combina una crítica política al Gobierno de Milei con un pedido de información sobre los controles médicos vinculados al ejercicio de la Presidencia. El sindicato insiste en que su objetivo es conocer si existe una evaluación oficial y no acceder a datos clínicos confidenciales.

El reclamo abre una discusión sobre los límites entre la privacidad de los funcionarios, el derecho ciudadano a la información y las condiciones exigibles para ejercer los cargos de mayor responsabilidad institucional del país.

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