Zoe Génesis Mendoza tiene apenas unos años y ya enfrenta una batalla desigual por su vida. Padece asma severa con hipoxemia y, actualmente, se encuentra internada por una grave crisis respiratoria. Sus padres, Andrés Mendoza y Romina Ramírez Ferreira, no tienen dudas de la causa: la contaminación ambiental generada por la planta de Parex Klaukol S.A., ubicada a pocos metros de su vivienda en el partido bonaerense de La Matanza.

Convencidos de que la salud de su hija está en peligro, presentaron un recurso de apelación luego de que el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Matanza desestimara su pedido de relocalización urgente. La Justicia, denuncian, ni siquiera analizó la medida cautelar solicitada. En cambio, ofreció una salida por daños y perjuicios, lo que los padres consideran “un acto carente de empatía”. “No queremos dinero. Queremos evitar la muerte de nuestra hija”, subrayan.

La apelación, patrocinada por el abogado Leonardo Belastegui, también advierte que el fallo tergiversa los pedidos de la familia. “Nos adjudican reclamos que nunca hicimos, como solicitar una obra social o estudios médicos privados. Lo único que pedimos es una vivienda lejos de la fábrica para proteger la vida de Zoe”, aclaran.

La situación no es aislada. Según denuncias vecinales, muchos otros residentes de la zona sufren afecciones similares, atribuibles a la cercanía con la planta. Y, como si la desidia institucional no alcanzara, testigos afirman que directivos de la empresa les dijeron: “Por vía de la justicia y la política no van a llegar a nada”, en referencia a supuestos vínculos estrechos con autoridades locales y provinciales.

En redes sociales, crecen las críticas al intendente Fernando Espinoza y al gobernador Axel Kicillof, a quienes se acusa de proteger a la empresa en detrimento de la salud pública. “Hay un pacto de silencio entre el poder político, la Justicia y una empresa que contamina a cielo abierto”, expresan vecinos movilizados.

Los informes de organismos como OPDS, ACUMAR y una causa penal en trámite en el Juzgado Federal N° 3 de Morón confirman la peligrosidad de las emisiones de Parex Klaukol, una empresa catalogada como contaminante de Grado 3. En Europa, este tipo de plantas tienen prohibida su instalación cerca de zonas pobladas. En Argentina, sin embargo, operan a metros de viviendas gracias, señalan los denunciantes, a la complicidad del poder.

La Constitución Nacional, la provincial y diversos tratados internacionales garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano. “La medicina moderna no puede revivir a la gente”, señala dramáticamente la apelación, que pide actuar antes de que sea tarde.

Zoe no es un caso aislado. Es el rostro visible de una comunidad que respira veneno mientras la política y la Justicia miran para otro lado.