La empresa Atanor, perteneciente al grupo estadounidense Albaugh, anunció el cierre definitivo de su planta de producción química en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras la confirmación de un grave episodio de contaminación industrial. La compañía iniciará ahora un proceso de relocalización parcial de operaciones, que incluye la reestructuración del predio clausurado y una posible ampliación de actividades en su planta ubicada en Río Tercero, Córdoba.

La medida fue oficializada luego de que la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense ordenara la clausura preventiva total del complejo industrial emplazado a orillas del Río Paraná, por violaciones severas a la normativa ambiental vigente. El anuncio fue realizado mediante un comunicado difundido el viernes 11 de julio.

"Los esfuerzos de Albaugh se enfocarán en aumentar la productividad con inversiones en Río Tercero y Pilar, mientras que en San Nicolás se desarrollará un nuevo centro logístico de distribución", detalló la firma.

El predio clausurado dejará de ser un polo de producción y se convertirá en una base de almacenamiento y distribución para productos formulados en otras plantas del país. Sin embargo, la continuidad de sustancias químicas peligrosas en la zona ha generado inquietud, especialmente luego de que en marzo de 2024 se registrara una explosión en la planta de atrazina, que nunca volvió a operar.

La atrazina, un herbicida ampliamente usado en cultivos como maíz, sorgo y caña de azúcar, era producida exclusivamente por Atanor dentro del Mercosur. Aunque se había especulado con su traslado a Córdoba, fuentes cercanas a la empresa descartaron esa posibilidad y afirmaron que solo se tratará de "mudanzas menores".

El cierre en San Nicolás se da en un contexto complicado para Río Tercero, que alberga el polo químico más importante de Córdoba y que en los últimos meses ha sido golpeado por incertidumbres productivas y laborales.

Desde la empresa aseguraron que la salida será llevada a cabo “respetando todas las normativas laborales, ambientales y regulatorias vigentes”, en un intento de mitigar el impacto social y legal de una decisión que reactiva el debate sobre los límites de la industria química en zonas urbanas y fluviales.