Tres empleadas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) alzaron la voz para denunciar una grave situación de violencia de género, acoso laboral, discriminación y abuso de poder que atribuyen al director regional de Dolores, Víctor Casanovas. Las acusaciones, que incluyen violencia institucional y persecución política, ya fueron presentadas ante la Justicia Contenciosa Administrativa.

El testimonio de Viviana Moyano: acoso y degradación salarial

Con más de 20 años de antigüedad, Viviana Moyano relató que desde la llegada de Casanovas en febrero de 2024, el clima laboral se tornó insoportable, con conductas como el uso no autorizado de su clave en el sistema, comentarios inapropiados sobre su aspecto físico, tocamientos sin consentimiento y mensajes fuera de horario laboral. Luego de denunciar estos hechos, Moyano fue aislada y degradada de la categoría 21 a la 14, lo que implicó una pérdida salarial de alrededor de 700.000 pesos mensuales. “Me arruinó la vida… terminé enferma y con medicación para dormir”, declaró.

Araceli Ramírez: persecución por opiniones políticas

La trabajadora de la delegación de Tordillo, Araceli Ramírez, denunció que fue desplazada de su cargo y amedrentada por sus publicaciones en redes sociales. Tras su reincorporación, sufrió interrogatorios y presiones para abandonar su militancia política, lo que le provocó problemas de salud y la necesidad de tomar licencia por violencia de género.

Johana Ramírez: denuncias de militancia irregular y hostigamiento

Desde la delegación de Lavalle, Johana Ramírez denunció la incorporación de militantes de La Cámpora sin experiencia en puestos clave, quienes presuntamente manejaban claves del sistema y recursos de caja chica para fines políticos. Tras participar en un paro, fue aislada, su oficina fue revisada y sufrió hostigamiento hasta sufrir un ataque de nervios. Ramírez acusó directamente al titular del IOMA, Homero Giles, de liderar esta situación: “La Cámpora en IOMA es una mafia y Giles es el líder”, afirmó.

Reclamo por justicia y fin del maltrato

Las trabajadoras coinciden en que la gestión actual del IOMA prioriza intereses políticos por encima de la atención a los afiliados y denuncian que se buscan acelerar juntas médicas para justificar despidos. “No queremos callar más. Queremos justicia y que estas prácticas no se repitan en ninguna sede del IOMA”, concluyeron.