El secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias sanitarias de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según afirmó, el proyecto esconde un ajuste de fondo que pone en riesgo el financiamiento del sistema nacional del seguro de salud y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.
El dirigente explicó que uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es la reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a la salud. “No es una modificación técnica ni neutra: es un recorte directo al corazón del sistema solidario, que ya atraviesa una situación de fragilidad estructural reconocida por todo el sector”, sostuvo.
Actualmente, el sistema se financia con un aporte del 3% del salario por parte de los trabajadores y una contribución patronal del 6%, lo que conforma un esquema del 9% total. La reforma propone reducir el aporte empresarial al 5%, llevando el financiamiento global al 8%.
“En términos concretos, se quita un punto entero del principal sostén del sistema. Eso representa una caída del 11,11% en la recaudación destinada a la salud”, advirtió Vilar. Y agregó que el impacto se replica de manera directa en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), sin que el proyecto contemple ningún mecanismo de compensación alternativa.
Del total de los recursos recaudados, el Estado retiene un 15% para el FSR, que financia prestaciones críticas como discapacidad, subsidios automáticos (SUMA, SUMA 65, SUMARTE y SANO) y parte de las coberturas de alto costo y baja incidencia a través del sistema SURGE.
Menos recursos, más deterioro sanitario
Con base en datos oficiales de agosto de 2025, Vilar precisó que la reducción de un punto en la contribución patronal implicaría una pérdida mensual estimada de unos 16 mil millones de pesos para el Fondo Solidario y de más de 90 mil millones de pesos para el conjunto de las obras sociales. “Si se incorpora el efecto del aguinaldo, el impacto anual deja de ser marginal y pasa a ser estructural”, subrayó.
El titular del SICONARA remarcó que la caída de ingresos tendrá consecuencias inmediatas sobre las prestaciones. “Habrá menos recursos para discapacidad, menos fondos para los subsidios automáticos que hoy sostienen niveles mínimos de cobertura, menor respaldo para jubilados y una compensación aún más insuficiente para monotributistas, cuyos aportes están muy por debajo del costo real del PMO”, enumeró.
Vilar recordó además que el sistema ya se encuentra tensionado por múltiples factores: la caída de la actividad económica, el deterioro de los salarios reales, el aumento del empleo informal y el crecimiento sostenido de los costos sanitarios, impulsados por nuevas tecnologías, medicamentos de alto precio y una mayor judicialización.
“Las obras sociales están obligadas por ley a garantizar cobertura integral únicamente con los recursos provenientes de aportes y contribuciones. No tienen margen para absorber nuevos recortes sin que eso impacte directamente en la calidad y el alcance de las prestaciones”, señaló.
También advirtió sobre el efecto que la medida tendrá en los trabajadores que derivan aportes a empresas de medicina prepaga. “Cuando esos aportes se reducen, la diferencia entre el costo real del plan y lo financiado se traslada al afiliado. Se paga más de bolsillo, sin ninguna mejora en la cobertura”, explicó.
Una ofensiva contra el sistema solidario
En un plano más político, Vilar sostuvo que la reforma laboral forma parte de “una ofensiva más amplia contra el sistema de seguridad social y contra las organizaciones que históricamente lo sostuvieron”. “Ajustar sobre las obras sociales no es una decisión inocente: es erosionar un modelo solidario y debilitar estructuras ligadas a la organización colectiva de los trabajadores”, afirmó.
Desde la Secretaría de Acción Social de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el dirigente expresó el rechazo del sector al proyecto y al desfinanciamiento del sistema nacional del seguro de salud, por considerar que “atenta directamente contra el derecho a la salud de las trabajadoras y los trabajadores”.
“El desfinanciamiento del sistema no es un daño colateral: es una decisión política deliberada, cuyas responsabilidades deberán ser asumidas por quienes la impulsan y la ejecutan”, concluyó Vilar, al tiempo que anunció que el sector se mantiene en estado de alerta para evaluar las acciones necesarias “en defensa del sistema solidario de salud y de la continuidad de una cobertura médico-asistencial de calidad”.
