La situación laboral en la cadena de artículos importados Black, en Salta, quedó en el centro de la escena luego de una protesta protagonizada por exempleados frente al local ubicado en Florida 437, en pleno centro de la capital provincial.

Los trabajadores denuncian despidos, salarios adeudados, problemas con las indemnizaciones y presuntas presiones para firmar renuncias, mientras que el Sindicato de Empleados de Comercio decidió intervenir formalmente y solicitó la conciliación obligatoria ante la autoridad laboral.

La movilización se desarrolló frente al comercio, que permaneció bajo custodia policial, y expuso un conflicto que, según los testimonios recogidos por los propios trabajadores, podría tener un alcance mayor al de las desvinculaciones producidas recientemente.

Desde el gremio, el subsecretario gremial José Gómez cuestionó duramente a la empresa y calificó de «cobarde» el modo en que, según su visión, se habría actuado con los empleados.

«Actuaron de manera cobarde con los trabajadores», sostuvo el dirigente, quien advirtió además que existen «varios trabajadores a la deriva».

UN RECLAMO QUE PODRÍA INVOLUCRAR A CIENTOS

Uno de los casos que tomó mayor repercusión es el de Uriel Orellana, exempleado de Black que asegura haber sido desvinculado el pasado 8 de agosto.

Según su relato, recibió una sanción disciplinaria a partir de una acusación de bullying que considera injustificada. El trabajador sostiene que no se habrían revisado las cámaras de seguridad del establecimiento antes de adoptar la medida.

Tras su desvinculación, afirma que la empresa le habría ofrecido $1.800.000 y dos cuotas adicionales de $600.000, bajo condiciones que, según su denuncia, incluían que dejara de reclamar públicamente.

«Nos despiden y no nos pagan», resumió Orellana.

El trabajador también denunció un supuesto período de trabajo no registrado. Según afirmó, comenzó a desempeñarse en enero, pero habría sido registrado recién en febrero, sin que ese período previo fuera reconocido.

Pero su caso no habría quedado aislado.

Después de hacer pública su situación, Orellana aseguró haber recibido mensajes de trabajadores de distintas provincias que relataban experiencias que, según ellos, tenían características similares.

A partir de esos contactos se habría conformado un grupo de alrededor de 500 personas que aseguran haber sido despedidas o haber atravesado conflictos laborales con la firma durante los últimos diez años.

Se trata, por ahora, de testimonios y denuncias de los propios trabajadores que deberán ser contrastados en las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

COMERCIO LLEVÓ EL RECLAMO A LA SECRETARÍA DE TRABAJO

Frente al crecimiento del conflicto, el Sindicato de Empleados de Comercio decidió avanzar por la vía institucional y solicitó una audiencia de conciliación ante la Secretaría de Trabajo.

El secretario gremial Ángel Ortiz confirmó que la empresa tomó contacto con el sindicato y que la intención es encauzar la situación mediante una instancia formal de diálogo.

«No se están respetando los derechos de los trabajadores», sostuvo Ortiz.

De acuerdo con la información aportada por el sindicato, alrededor de 20 trabajadores habrían sido despedidos recientemente, aunque el gremio advierte que el universo del conflicto podría ser considerablemente mayor si se incorporan los casos denunciados por exempleados de años anteriores.

La conciliación obligatoria podría convertirse así en el primer ámbito formal para determinar cuáles son las obligaciones de la empresa y qué respuesta recibirán quienes reclaman salarios e indemnizaciones.

JORNADAS EXTENSAS Y DENUNCIAS DE TRABAJO EN NEGRO

Los reclamos de los trabajadores no se limitan a los despidos.

Durante la protesta también aparecieron denuncias vinculadas con jornadas laborales extensas, presunto incumplimiento en el pago de horas extras y períodos de trabajo no registrado.

Orellana, padre de dos hijos pequeños, relató que después de perder su empleo debió recurrir a préstamos para afrontar gastos cotidianos.

El exempleado también cuestionó que la empresa argumente dificultades económicas, al señalar el volumen de ventas que tendría el comercio.

«Hoy me tocó a mí, pero también le tocó a muchos compañeros y compañeras», expresó.

LA EMPRESA RESPONDE

Mientras los exempleados sostienen sus denuncias, la empresa difundió un video bajo el título «Ahora es nuestro momento», en el que aparecen trabajadores que expresan su respaldo a Black.

En esas imágenes, empleados de la firma aseguran haber cobrado sus salarios «en tiempo y forma» y defienden el funcionamiento de la empresa.

De esta manera, el conflicto presenta dos versiones contrapuestas: por un lado, exempleados que denuncian despidos, deudas salariales y presiones; por otro, trabajadores que permanecen en la empresa y respaldan públicamente a la firma.

La instancia de conciliación será clave para determinar qué planteos pueden acreditarse y qué respuesta corresponde a los trabajadores que reclaman.

EL CONFLICTO SIGUE ABIERTO

La próxima audiencia ante la autoridad laboral será el escenario donde las partes deberán sentarse a discutir una salida.

Mientras tanto, los exempleados anticiparon que continuarán movilizándose si no aparecen respuestas concretas.

El reclamo quedó resumido en una frase de Orellana: «Queremos soluciones, no queremos problemas».

Ahora será la autoridad laboral la que deberá intervenir para establecer si existieron incumplimientos y garantizar que, detrás de cada expediente, haya una respuesta para los trabajadores que aseguran haber quedado sin empleo, sin salarios y, en algunos casos, sin la indemnización que consideran correspondiente.