La disputa por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político e institucional. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda resolvió excluir al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y a dos subprocuradores de la defensa del Estado en la causa donde la Confederación General del Trabajo (CGT) consiguió la suspensión de 82 artículos clave de la reforma impulsada por el Gobierno. La reacción oficial fue inmediata: analizan denunciar al magistrado por presunto “abuso de poder”.

La resolución también alcanza a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, quienes quedaron apartados por “incompatibilidad” en el ejercicio del patrocinio letrado. Según el fallo, Amerio intervino sin matrícula habilitante y su rol institucional sería incompatible con la actuación como abogado en este expediente.

Además, el juez ordenó que la representación del Estado se abstenga de presentar escritos con el patrocinio de los funcionarios excluidos, una decisión que impacta de lleno en la estrategia judicial del Ejecutivo en un momento clave del proceso.

El fallo llega apenas días después de que el Gobierno recurriera a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina mediante un recurso extraordinario de per saltum, con el objetivo de que se levante la suspensión de los artículos centrales de la reforma laboral. La presentación fue realizada por la abogada Mayra Rafaela Cosentino y contaba con el patrocinio de los funcionarios ahora cuestionados, lo que abre interrogantes sobre su validez si la Corte adopta el mismo criterio.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación rechazaron con dureza la medida y la calificaron como “una aberración absoluta”. En ese marco, confirmaron que evalúan denunciar a Ojeda ante el Consejo de la Magistratura y no descartan avanzar por presunto abuso de poder.

Fuentes oficiales también señalaron que el magistrado habría estado previamente inhibido por la jueza Macarena Marras Gimenez, lo que, según sostienen, suma cuestionamientos a su intervención en el expediente.

A pesar del revés, en el Gobierno buscan reconfigurar la estrategia. Consideran que el fallo podría acelerar la intervención de la Corte Suprema y analizan ampliar el recurso de per saltum para reforzar su planteo.

Con este nuevo episodio, la causa por la reforma laboral se consolida como uno de los principales focos de conflicto institucional, en una pulseada abierta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que mantiene en suspenso el futuro de la norma y su impacto sobre los derechos laborales.