En un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, el fiscal Álvaro Garganta solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, por presunto incumplimiento de una orden judicial vinculada a prestaciones médicas de la obra social sindical OSPRERA.

El planteo fue presentado por Garganta, titular de la UFIJ N° 11 de La Plata, y ahora quedó en manos del juez Eduardo Eskenazi, a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 de esa ciudad, quien deberá resolver si el expediente avanza a la etapa de juicio oral.

La acusación

Según el escrito fiscal, Voytenco no habría dado cumplimiento a una medida de amparo dictada por el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata, que ordenaba a la obra social OSPRERA garantizar prestaciones médicas al hijo de una afiliada que requería cuidados especiales.

El fiscal sostuvo que, pese a haberse dictado las medidas necesarias y haberse realizado instancias de mediación, no se habría cumplido con los requerimientos judiciales. Por ello, consideró que los hechos encuadran “prima facie” en el delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal.

La causa se remonta a 2024, cuando Voytenco se encontraba al frente de la conducción de la obra social. Posteriormente, OSPRERA fue intervenida judicialmente en medio de denuncias y controversias administrativas, hasta que recientemente se dispuso que la gestión volviera a manos del dirigente rural.

Un conflicto en desarrollo

El pedido de elevación a juicio abre un nuevo frente judicial para el titular de la UATRE, en un momento sensible para la organización sindical y para la obra social, una de las más grandes del país en cantidad de afiliados y con alcance federal.

El funcionamiento de OSPRERA viene siendo objeto de debate público por dificultades en la cobertura de prestaciones y por su situación financiera. En ese escenario, la definición que adopte el juez Eskenazi será clave para determinar si la causa avanza a juicio oral y si el dirigente deberá enfrentar el proceso penal en los tribunales platenses.

La resolución se da además en un clima político atravesado por el debate de la reforma laboral y por la creciente confrontación entre el oficialismo y sectores del movimiento obrero organizado.