La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) manifestó su preocupación por la decisión de importar desde China un complejo habitacional modular destinado al proyecto cuprífero Batidero, en la provincia de San Juan. Desde el gremio sostienen que la medida perjudica a las pequeñas y medianas empresas nacionales y limita la generación de empleo asociado a la actividad minera.

El emprendimiento contempla la instalación de un campamento con capacidad inicial para 2.500 trabajadores, aunque las proyecciones indican que podría ampliarse hasta albergar a unas 6.000 personas a medida que avance el desarrollo de la mina. La infraestructura será provista mediante módulos prefabricados fabricados en China y ensamblados posteriormente en la zona cordillerana donde se ejecutará el proyecto.

Javier Escobar, referente de ASIMRA para el sector minero en varias provincias del país, cuestionó la iniciativa y aseguró que la contratación de proveedores extranjeros deja fuera de competencia a empresas argentinas que cuentan con capacidad para participar en la obra.

“El país dispone de una amplia red de PyMEs que podrían aportar estructuras, instalaciones, equipamiento y servicios vinculados a este tipo de desarrollos”, señaló el dirigente sindical, quien además expresó su rechazo a la llegada de mano de obra extranjera asociada a la instalación del complejo.

Según explicó el gremio, los módulos llegan al país completamente terminados, incluyendo estructuras metálicas, mobiliario y distintos equipamientos necesarios para su funcionamiento. Esta modalidad, remarcaron, implica que gran parte del valor agregado y de las oportunidades laborales vinculadas a la construcción del campamento se generan fuera de Argentina.

Desde ASIMRA sostienen que la decisión impacta sobre múltiples sectores productivos, entre ellos la industria metalúrgica, la carpintería, la fabricación de muebles, los proveedores textiles, los servicios eléctricos y el transporte. A su entender, la provisión local de una parte significativa de estos componentes permitiría ampliar los beneficios económicos de la inversión minera en la región.

El sindicato insistió en que el cuestionamiento no está dirigido a la llegada de capitales extranjeros, sino a la falta de participación de proveedores nacionales en etapas clave del proyecto. En ese sentido, propuso revisar los esquemas de contratación para incorporar contenido local y fortalecer el entramado productivo de San Juan y las provincias vecinas.

La polémica vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en torno al desarrollo minero: cómo compatibilizar la llegada de grandes inversiones internacionales con la creación de empleo y la integración efectiva de las cadenas productivas locales. Mientras los gobiernos destacan el potencial de estos proyectos para atraer divisas y dinamizar las economías regionales, distintos sectores sindicales y empresariales reclaman mecanismos que garanticen una mayor participación de la industria nacional.