La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó en las últimas horas a tres exfuncionarios vinculados al gobierno de Mauricio Macri como asesores del interventor Alberto Biglieri. La decisión profundizó la preocupación dentro del sindicalismo, donde advierten sobre un posible escenario similar al que atravesó el SOMU durante la gestión de Cambiemos.

Alberto Biglieri, designado al frente de la intervención de la UOM por un período inicial de seis meses, comenzó a ejercer plenamente sus funciones tras las resoluciones judiciales que rechazaron las distintas presentaciones realizadas por la conducción encabezada por Abel Furlán para revertir la medida.

El abogado, identificado políticamente con el espacio del operador judicial Daniel Angelici —quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019 mediante un acuerdo con el radical Emiliano Yacobitti— avanzó rápidamente sobre la estructura del gremio y también sobre la administración de la obra social metalúrgica.

La primera decisión de peso fue asumir el control de la cobertura sanitaria del sindicato, una estructura estratégica que brinda prestaciones a cerca de 200 mil afiliados en todo el país y que había estado en el centro de las controversias previas al proceso de intervención.

Sin embargo, la mayor inquietud surgió tras el nombramiento de tres asesores estrechamente vinculados a la gestión de Mauricio Macri en el área laboral: Horacio Pitrau, Sandro Taricco y Carlos Galina.

Los nombres que encendieron las alarmas

La llegada de los tres exfuncionarios alimentó las sospechas de sectores sindicales que consideran que detrás de la intervención existe una construcción política que excede al oficialismo libertario y que tiene participación de dirigentes ligados al PRO.

Horacio Pitrau ocupó diversos cargos durante la administración macrista, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Más recientemente fue incorporado al Ministerio de Capital Humano durante la gestión de Javier Milei como subsecretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aunque su permanencia en el cargo fue breve: apenas 27 días.

Por su parte, Sandro Taricco estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo clave en la supervisión y control de las obras sociales sindicales. Su incorporación es observada con especial atención debido al peso que tendrá la administración de la obra social metalúrgica dentro de la intervención.

El tercer nombre es Carlos Galina, abogado de carrera en la Cámara de Diputados que durante el gobierno de Cambiemos fue adscripto a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para desempeñarse como jefe de asesores a pedido de Silvia Majdalani, entonces número dos del organismo.

El fantasma del SOMU

Dentro del movimiento obrero, la conformación del equipo de Biglieri reavivó los recuerdos de la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), considerada por muchos dirigentes gremiales como el antecedente más polémico de la gestión macrista sobre una organización sindical.

Aquella experiencia derivó en múltiples denuncias y controversias políticas, incluyendo cuestionamientos sobre el manejo de recursos del gremio y de su obra social. Por eso, en distintos sectores de la UOM crece el temor a que la intervención actual avance sobre áreas sensibles del sindicato y altere el funcionamiento de una de las organizaciones más emblemáticas del movimiento obrero argentino.

Mientras tanto, la conducción desplazada continúa denunciando una supuesta intromisión política en la vida interna del gremio y anticipa que seguirá impulsando acciones judiciales y políticas para revertir una medida que consideran un precedente de gravedad para la autonomía sindical.