La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT avanza en la construcción de una medida de fuerza nacional para después del Mundial de Fútbol. Denuncian que el salario mínimo docente permanece congelado desde hace un año y cuestionan que el Gobierno haya convocado al Consejo Federal de Educación sin incluir la discusión salarial.

El conflicto educativo suma temperatura y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de tensión social del segundo semestre. Los gremios docentes nucleados en la CGT ya comenzaron a planificar un paro nacional para después de la finalización del Mundial de Fútbol, prevista para el próximo 19 de julio, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales del sector.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), quien denunció que el salario mínimo docente permanece congelado en 500 mil pesos desde hace un año, una cifra que consideran ampliamente superada por el costo de vida actual.

Mientras la conducción de la CGT participa en Ginebra de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde denuncia las políticas laborales de la administración de Javier Milei, los sindicatos educativos comenzaron a coordinar acciones para profundizar la presión sobre el Ejecutivo.

Salarios congelados y creciente malestar

Desde los gremios docentes sostienen que la situación salarial alcanzó niveles críticos. Durante el año se realizaron seis reuniones de la Paritaria Nacional Docente convocadas por el Gobierno, aunque ninguna logró acercar posiciones.

La última propuesta oficial contemplaba elevar el salario mínimo a 650 mil pesos en marzo y a 700 mil pesos en abril. Sin embargo, fue rechazada por las organizaciones sindicales por considerarla insuficiente frente al avance de la inflación y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Desde entonces, aseguran, no hubo nuevas ofertas ni señales de recomposición salarial.

La preocupación se profundizó luego de que el Ministerio de Educación convocara para la próxima semana al Consejo Federal de Educación, ámbito que reúne a los responsables educativos de las 24 jurisdicciones del país, sin incorporar la discusión salarial dentro de los temas previstos.

Para los sindicatos, la omisión representa una señal de que el Gobierno no tiene previsto reabrir la negociación en el corto plazo.

“Hay docentes que comen en las escuelas porque no tienen plata”

Romero describió un escenario de fuerte deterioro social entre los trabajadores de la educación y aseguró que en algunas provincias la situación alcanzó niveles alarmantes.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como ocurre en Misiones”, afirmó el dirigente, al tiempo que señaló que, pese a los aumentos otorgados por algunos gobiernos provinciales, los ingresos del sector continúan ubicándose por debajo de los niveles necesarios para cubrir las necesidades básicas.

Además de los reclamos salariales, los sindicatos advierten sobre el impacto de los recortes presupuestarios en distintas áreas del sistema educativo.

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones, los recortes en ciencia, tecnología y escuelas técnicas. Esta situación requiere una respuesta contundente de toda la comunidad educativa”, sostuvo Romero.

Buscan una protesta unificada con universidades y CTERA

La estrategia sindical apunta a ampliar la convocatoria más allá de los gremios que integran la CGT. En ese marco, Romero ya inició conversaciones con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), vinculada a la CTA de los Trabajadores, y con diversas federaciones universitarias.

El objetivo es construir una medida de alcance nacional que exprese el malestar de todos los niveles educativos y logre visibilizar la crisis que atraviesa el sector.

La posibilidad de una protesta conjunta entre sindicatos docentes y universitarios podría convertir al conflicto educativo en uno de los principales desafíos políticos para la administración libertaria durante la segunda mitad del año.

La discusión por el derecho de huelga

Otro de los puntos centrales del conflicto gira en torno a la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación dentro de las actividades consideradas esenciales y estableció la obligación de garantizar un nivel mínimo de prestación durante las medidas de fuerza.

Sin embargo, los gremios recuerdan que la Justicia laboral suspendió la aplicación de ese artículo tras una presentación impulsada por UDA.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 y dejó en suspenso las restricciones al ejercicio del derecho de huelga en el sector educativo mientras continúa la discusión judicial de fondo.

Tras ese fallo, Romero sostuvo que la decisión judicial garantizó “los derechos históricos de los trabajadores” y reiteró que “esencial es asegurar salarios dignos y condiciones adecuadas para enseñar y aprender”.

Con respaldo judicial para avanzar con medidas de fuerza, salarios congelados desde hace un año y una creciente coordinación entre sindicatos docentes y universitarios, el escenario anticipa un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional una vez finalizado el Mundial, en un contexto de creciente tensión entre la administración libertaria y el movimiento sindical.