La preocupación por el abastecimiento de gas comenzó a traducirse en decisiones concretas dentro del aparato productivo de Salta. Empresas vinculadas a la actividad azucarera, citrícola y cerámica evalúan reducir operaciones e incluso detener temporalmente algunas líneas de producción ante la falta de certezas sobre el suministro energético para los próximos meses.

Desde la Unión Industrial de Salta (UIS) aseguran que el principal problema no es solamente la disponibilidad del recurso, sino la imposibilidad de planificar la actividad productiva en un contexto de incertidumbre. La situación impacta directamente sobre la organización de turnos, la compra de insumos, la logística y el cumplimiento de compromisos comerciales.

El presidente de la entidad, Eduardo Gómez Naar, advirtió que numerosas compañías comenzaron a diseñar escenarios de contingencia frente a la posibilidad de restricciones energéticas durante el invierno. Según explicó, la falta de previsibilidad complica la toma de decisiones y pone en riesgo la continuidad de procesos industriales que requieren abastecimiento permanente de gas.

Entre los sectores más vulnerables aparecen los ingenios azucareros, las plantas procesadoras de cítricos y las fábricas cerámicas, actividades que dependen fuertemente del consumo energético para sostener su producción. Desde la UIS remarcan que cualquier interrupción tendría efectos que exceden a las empresas, alcanzando a transportistas, contratistas, proveedores y comercios vinculados a la cadena productiva.

Uno de los casos que genera mayor inquietud es el de La Moraleja, una de las firmas citrícolas más importantes de la provincia. La compañía podría verse obligada a reducir parte de la cosecha de limón y revisar contrataciones temporales si las condiciones energéticas no mejoran. Además de exportar fruta fresca, la empresa produce aceite esencial destinado a mercados internacionales y abastece a grandes compañías del sector alimenticio y de bebidas.

La preocupación empresarial se vincula con los cambios introducidos por la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación. Según el planteo realizado por la UIS ante el gobierno provincial, la nueva normativa provocaría una reducción significativa en la capacidad de transporte firme de gas hacia el Noroeste Argentino.

Los industriales sostienen que la modificación responde a la reorganización del sistema energético nacional, orientada a aprovechar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y la caída de los aportes provenientes del norte del país y de Bolivia. Sin embargo, advierten que el nuevo esquema podría dejar a la región en una situación de mayor vulnerabilidad durante los períodos de alta demanda.

A este escenario se suma el elevado costo que implicaría recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) como alternativa para garantizar el abastecimiento. Las empresas aseguran que los valores del combustible regasificado son considerablemente superiores a los que habitualmente afronta el sector industrial, afectando la competitividad y la rentabilidad de las actividades productivas.

La problemática energética ya había motivado reclamos de la dirigencia empresarial y del propio gobernador Gustavo Sáenz, quien expresó públicamente su preocupación por las consecuencias que podría tener una reducción del suministro para la economía provincial.

Mientras tanto, el comercio salteño también enfrenta dificultades. La Cámara de Comercio local cuestionó los procedimientos de cobro implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), denunciando que numerosos establecimientos atraviesan problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales en un contexto de retracción del consumo.

Desde la entidad mercantil señalaron que muchos contribuyentes reciben intimaciones y medidas de embargo por demoras menores, una situación que agrava la delicada situación financiera de pequeñas y medianas empresas. Según indicaron, numerosos comerciantes deben elegir entre afrontar salarios, alquileres, servicios o compromisos tributarios para mantener abiertas sus puertas.

Con la industria condicionada por la incertidumbre energética y el comercio afectado por la presión fiscal, distintos actores económicos advierten que Salta atraviesa una etapa de creciente fragilidad productiva. El desenlace dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopten las autoridades nacionales respecto del abastecimiento de gas y de los mecanismos de recaudación que hoy generan preocupación en el sector privado.