Frente al Ministerio de Economía, organizaciones de la economía popular realizaron una manifestación para rechazar la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional. La protesta, encabezada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), puso el foco en el impacto de la medida sobre el sector textil, que emplea a miles de personas en pymes, cooperativas y talleres familiares.

La jornada incluyó una intervención artística y contó con la participación de la Red Textil Cooperativa, la Federación de Costureros, Indumentaria y Textiles (FECOSET), el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rama Textil.

“El objetivo fue visibilizar el rechazo a la apertura de importaciones y defender los 150.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, afirmaron los organizadores. Las entidades advirtieron que la baja de aranceles anunciada por el Ejecutivo —del 35% al 20%— amenaza con desarticular toda la cadena productiva nacional de indumentaria, especialmente el segmento de la confección, uno de los más vulnerables del sector.

Desde la UTEP subrayaron que la industria textil es una de las pocas cadenas 100% nacionales, que abarca desde la producción de materias primas hasta la comercialización. En total, se estima que emplea a más de 540.000 personas. Sin embargo, denunciaron que el eslabón de la confección —donde predominan las pequeñas unidades productivas y el trabajo familiar— es particularmente frágil frente a la competencia de productos importados.

Precariedad estructural y amenaza externa

Otro de los ejes de la protesta fue la alta informalidad en el sector. Según datos compartidos por las organizaciones, el 72% de quienes trabajan en relación de dependencia lo hacen sin estar registrados, muy por encima del promedio del sector manufacturero. Además, el 40% son trabajadores por cuenta propia, y una parte importante del empleo es provisto por mano de obra familiar no registrada.

A ese contexto ya precario, se suma el “golpe final” que podría significar la liberalización comercial. Los manifestantes advirtieron que la competencia con productos extranjeros, muchas veces fabricados bajo condiciones laborales degradantes o incluso ilegales, pone en riesgo la subsistencia del trabajo textil local.

“La apertura indiscriminada no solo pone en jaque nuestra fuente de ingresos, sino también la soberanía productiva. Se está promoviendo un modelo que beneficia a empresas extranjeras a costa del empleo argentino”, señalaron.

Las organizaciones concluyeron con un llamado a la sociedad para que se sume al reclamo y defienda la industria nacional. “La subsistencia de nuestro sector está en peligro. Necesitamos que la población tome conciencia y acompañe esta lucha por el trabajo digno y por una economía que incluya a todos”.