Con el respaldo de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional avanza en su estrategia de reconfigurar la red vial mediante la transferencia de rutas a operadores privados. Esta semana, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó a audiencias públicas para presentar la segunda etapa del programa Red Federal de Concesiones (RFC), que contempla la privatización de 4.400 kilómetros de rutas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

La medida es parte de un plan más amplio para cerrar Corredores Viales S.A., la empresa estatal actualmente encargada de gestionar gran parte de estas rutas. Desde el Ejecutivo sostienen que la firma es ineficiente y que su eliminación permitirá una mayor eficiencia operativa y financiera a través del sector privado.

La iniciativa se desarrolla en tres fases. La primera ya fue implementada e incluyó rutas estratégicas como la 12, 14 y 135, que conforman la llamada Ruta del Mercosur. La segunda, actualmente en proceso, abarca tramos claves como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, todos bajo administración estatal. El objetivo es concesionarlos sin aportar subsidios públicos, lo que, según Vialidad, eliminará gastos innecesarios del Estado.

Las audiencias públicas están programadas para junio en distintas sedes bonaerenses. Se debatirá sobre los tramos denominados Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, y Portuario Norte y Sur. Estos encuentros están abiertos a ciudadanos, organizaciones y empresas interesadas en aportar sugerencias o manifestar inquietudes.

Fuentes oficiales anticiparon que las adjudicaciones de la primera etapa podrían concretarse entre septiembre y octubre de 2025. Con este programa, el Gobierno busca rediseñar el modelo de gestión vial en el país, transfiriendo al sector privado el mantenimiento y explotación de los corredores que concentran el mayor volumen de tránsito, equivalentes al 20% de la red vial nacional pero responsables del 80% del flujo vehicular.