El Gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes críticas por la política de intervenciones sobre las obras sociales sindicales. El caso de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA) se convirtió en un ejemplo emblemático del enfrentamiento entre el oficialismo y el universo gremial, tras una serie de auditorías que el sector sindical denuncia como arbitrarias y carentes de sustento técnico.

Desde principios de 2024, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), actualmente encabezada por Claudio Adrián Stivelman, incrementó drásticamente las auditorías sobre entidades prestadoras. Según cifras oficiales, ya se intervinieron al menos ocho obras sociales y se declaró en crisis a otras doce, bajo el argumento de “combatir irregularidades”. Pero para los sindicatos, detrás de esta estrategia hay un objetivo más profundo: el control político y financiero del sistema de salud sindical.

El caso de OSPICHA, intervenida por 180 días mediante el Decreto 230/2025, destapó una serie de inconsistencias en los informes oficiales que alimentan la sospecha de un operativo más amplio para condicionar la autonomía gremial. El organismo sostuvo que la obra social incurrió en múltiples irregularidades, desde padrón de beneficiarios incompleto hasta incumplimientos en salud mental, programas preventivos y deudas financieras. Sin embargo, la respuesta del área legal de OSPICHA desmiente punto por punto las acusaciones, con documentación oficial presentada ante el propio Estado.

Entre los cuestionamientos, OSPICHA afirma que nunca se presentó un padrón de 12.476 beneficiarios —como sostiene la SSSalud— y que los registros utilizados por el organismo son erróneos. Además, aseguran haber presentado en tiempo y forma los Planes Médicos Asistenciales de 2024 y 2025, y que existen comprobantes electrónicos que lo demuestran. También refutan la existencia de deudas vigentes y niegan poseer inversiones por más de $3.000 millones, como acusó el informe estatal.

“La auditoría omitió pruebas presentadas y utilizó datos falsos. Es un atropello al debido proceso y un intento por intervenir políticamente una obra social”, denunciaron desde el entorno de la conducción gremial.

La designación del interventor Graciano Iván Corte, así como la posibilidad de que el Ministerio de Salud extienda los plazos de intervención más allá de los 180 días, refuerzan los temores sindicales. A esto se suma la reciente creación de un Ranking Público de Cumplimiento, una herramienta que —según denuncian— puede usarse como mecanismo de presión sobre entidades que no se alinean con el rumbo oficial.

Otro factor que golpea a las obras sociales es la eliminación, en febrero, de la intermediación entre estas y las empresas de medicina prepaga. La medida impactó en la estructura financiera de las entidades más pequeñas, que vieron recortados sus ingresos sin mecanismos de compensación, lo que para muchos representa un golpe intencionado al corazón del sistema sindical de salud.

“Las patronales quieren las cajas de las obras sociales y el Gobierno parece estar allanándoles el camino. Esto no es transparencia, es intervención política encubierta”, señalaron fuentes del sector.

Si bien desde la Superintendencia se insiste en que las acciones buscan corregir falencias estructurales y asegurar la continuidad de las prestaciones para los afiliados, los gremios advierten que las medidas podrían derivar en desfinanciamiento, pérdida de servicios y desprotección para miles de trabajadores.

El caso OSPICHA, con documentación en mano, pone en tela de juicio la legitimidad de las acciones oficiales. Y deja abierta una pregunta central en la coyuntura gremial: ¿se trata de una cruzada por la transparencia o de una avanzada para disciplinar a las organizaciones sindicales?

La tensión sigue en aumento, y todo indica que la batalla entre el Gobierno y los gremios por el control de las obras sociales apenas comienza.