El reciente acuerdo salarial firmado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC) trajo alivio para algunos, pero encendió la alarma en gran parte del sector. Aunque el gremio dio por cerrada la negociación paritaria, otras cámaras empresarias salieron con los tapones de punta: CECHA, FECRA y AES lo calificaron de “inconsulto, inconsistente y carente de representatividad real”.

El convenio alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 488/07 y establece una recomposición salarial escalonada del 1% mensual en junio, julio y agosto, aplicada sobre los básicos de marzo, junio y julio respectivamente. A esto se suma un adicional del 2% en junio y otro 2% en julio, como compensación del impacto inflacionario.

“Buscamos recuperar un punto y medio de la inflación de marzo y contemplar abril, cuando los salarios quedaron claramente rezagados”, explicó Carlos Acuña (h), secretario general adjunto de SOESGyPE, en diálogo con el portal Surtidores.

Sin embargo, el acuerdo fue rápidamente cuestionado por otras entidades empresarias del rubro. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AES) emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan la validez del pacto.

Según estas cámaras —que representan convenios colectivos distintos como el 371/03, 521/07 y 317/99— el incremento pactado no refleja la difícil realidad del sector, caracterizada por precios en surtidor que no acompañan la inflación, márgenes deteriorados y costos operativos en alza. “No podemos convalidar aumentos salariales alejados de los resultados reales de la actividad, ya que eso solo pondría en riesgo la sustentabilidad de miles de pymes del sector”, advirtieron.

También pusieron en duda la validez legal del acuerdo, sosteniendo que “no es técnicamente homologable” por cuestiones de forma y fondo, lo que podría dar lugar a impugnaciones judiciales. Si bien manifestaron estar dispuestos al diálogo, remarcaron que debe darse “dentro del marco de sus propios convenios vigentes y considerando la situación concreta de la actividad”.

El conflicto deja al descubierto una profunda grieta entre gremios y cámaras empresarias que, más allá de los números, revela un modelo de negociación fragmentado y tensiones de fondo sobre quién representa a quién en un rubro clave para la economía cotidiana.