El conflicto entre los trabajadores de las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei vuelve a escalar. Los gremios docentes y nodocentes iniciarán este jueves un nuevo paro de una semana, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial, el pago de los fondos adeudados y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida forma parte de un nuevo capítulo del plan nacional de lucha impulsado por las organizaciones sindicales, que denuncian un progresivo deterioro de los ingresos de los trabajadores y un desfinanciamiento que compromete el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La decisión de profundizar las medidas fue adoptada por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, realizado el pasado 6 de noviembre, con la participación de 81 representantes de asociaciones de base de distintos puntos del país.

Durante el encuentro, los congresales resolvieron sostener el reclamo por la aplicación de la legislación vigente y exigir que el Estado nacional cancele la deuda salarial acumulada con los trabajadores de la docencia universitaria y preuniversitaria.

Desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA también pusieron el foco en el proyecto de Presupuesto 2027, al advertir que las previsiones oficiales vuelven a comprometer los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

Una deuda salarial que equivale a un año de trabajo sin cobrar

Uno de los principales argumentos de las organizaciones sindicales es la magnitud del atraso salarial acumulado. Según los cálculos que sostienen los gremios, la deuda que mantiene el Gobierno equivale a haber trabajado durante un año completo de los últimos tres sin percibir la remuneración correspondiente.

El reclamo no se limita a una actualización de los haberes. Los sindicatos exigen que se restituyan los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario y que se garantice una política presupuestaria que permita sostener la actividad académica, científica y administrativa.

La preocupación también alcanza al próximo ejercicio fiscal. Las organizaciones advierten que, si el Presupuesto 2027 no contempla los fondos necesarios, las universidades podrían enfrentar mayores dificultades para sostener sus actividades, mientras continúa la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores.

Advierten sobre nuevas medidas y posibles complicaciones en los exámenes

El Congreso de CONADU Histórica resolvió que el paro de noviembre no será la última medida si no aparecen respuestas oficiales.

Entre las decisiones adoptadas figura la convocatoria a una nueva jornada de huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Además, la federación pondrá a consideración de sus organizaciones de base la posibilidad de afectar los exámenes previstos para diciembre y comenzará a debatir nuevas medidas de fuerza para el comienzo del ciclo lectivo 2027.

De esta manera, el conflicto podría extenderse más allá del cierre del actual calendario académico y comprometer el normal desarrollo de las actividades universitarias durante el próximo año.

Los rectores también alertan por el presupuesto 2027

La preocupación por el futuro del sistema universitario no se limita a los sindicatos. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales, también viene advirtiendo sobre las consecuencias de la reducción de los recursos destinados al sector.

Su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que será fundamental modificar las previsiones presupuestarias durante el debate legislativo para evitar una situación crítica en 2027.

“Si no logramos modificar razonablemente el presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremendas para funcionar el año que viene”, advirtió en declaraciones a Tiempo.

El titular del CIN también apeló a la responsabilidad de los legisladores y les pidió que tengan en cuenta el papel que desempeñó la educación pública en sus propias trayectorias y la necesidad de garantizar esas mismas oportunidades a las próximas generaciones.

En ese sentido, reclamó que quienes pasaron por la universidad pública defiendan las condiciones que hicieron posible su formación y eviten que el ajuste comprometa el acceso a la educación superior.

Bartolacci también cuestionó la demora en la resolución judicial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y pidió al Poder Judicial que avance con celeridad en la causa.

“Es muy preocupante y doloroso lo que están haciendo con la universidad pública argentina, y profundamente injusto”, expresó. Además, advirtió que el desfinanciamiento no perjudica solamente a las instituciones educativas, sino que representa un daño para el conjunto del país.

El mensaje del Papa y el futuro de la educación pública

En medio de la discusión presupuestaria, Bartolacci también destacó las palabras del papa León XIV durante su reciente encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el pontífice hizo referencia a las dificultades que enfrentan los jóvenes para desarrollar sus proyectos de vida en el país.

“Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deban abandonar su tierra para realizar sus sueños”, sostuvo el Papa, al plantear la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

El rector de la UNR consideró que el mensaje representa un llamado de atención sobre la importancia de generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en Argentina.

También remarcó que valorar esas palabras implica llevarlas a la práctica y no limitarse a celebrar su contenido.

Con los salarios deteriorados, los fondos adeudados y un presupuesto para 2027 que genera fuertes cuestionamientos, las universidades nacionales vuelven a quedar atravesadas por un conflicto que amenaza con prolongarse. Los gremios ya pusieron en marcha una nueva semana de paro y advierten que, sin respuestas del Gobierno, el reclamo podría trasladarse a los exámenes de fin de año y al inicio del próximo ciclo lectivo.