La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Catamarca salió al cruce del proyecto que impulsa el gobernador Raúl Jalil para promover el traspaso de empleados de la administración pública al sector privado. La organización sindical manifestó su rechazo a la propuesta y advirtió que, lejos de representar una alternativa para los trabajadores, podría convertirse en un mecanismo de desvinculación sin garantías sobre la continuidad laboral ni el respeto de los derechos adquiridos.

Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente a la Legislatura provincial, el sindicato decidió anticipar su posicionamiento frente a una medida que considera perjudicial tanto para los empleados públicos como para el funcionamiento de los servicios estatales.

El secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, cuestionó el planteo oficial y sostuvo que la provincia necesita fortalecer sus estructuras administrativas, en lugar de reducir la cantidad de trabajadores.

“Más que reducir el Estado, lo que hay que hacer es reforzar la administración pública, donde nos falta personal y más especialmente en el interior provincial”, afirmó el dirigente.

En ese sentido, identificó distintas áreas que atraviesan problemas por la falta de recursos humanos, entre ellas las escuelas, los sectores de obras públicas y los servicios vinculados con el suministro de agua. Para el gremio, la discusión sobre el tamaño del Estado desconoce las necesidades concretas de numerosas localidades del interior catamarqueño, donde la ausencia de trabajadores repercute directamente en la prestación de servicios esenciales.

La advertencia sindical: un traspaso que podría terminar siendo forzoso

Uno de los principales cuestionamientos de ATE está relacionado con las condiciones en las que se produciría el eventual pase de trabajadores al ámbito privado. Si bien el Gobierno presenta la propuesta como una alternativa voluntaria, desde el sindicato advierten que no existen garantías suficientes para asegurar que los empleados puedan decidir libremente ni conservar sus derechos laborales.

“Lo que Jalil y su Gobierno deben hacer es recuperar todas las áreas que pertenecen a la administración pública”, planteó Arévalo, quien advirtió que el mecanismo propuesto “terminará siendo forzoso”.

El dirigente también cuestionó la posibilidad de trasladar trabajadores a empresas privadas sin establecer previamente condiciones que protejan su estabilidad y sus ingresos. Según explicó, el sector privado responde a criterios de rentabilidad que pueden poner en riesgo los puestos de trabajo cuando aparecen dificultades económicas.

“Los privados solo ven un negocio, por eso cuando se les ocurre decir que los números no cierran o están en quiebra, la primera medida que toman es despedir a las y los trabajadores”, sostuvo.

Para ATE, la propuesta abre interrogantes sobre el futuro de quienes acepten el traspaso y deja sin resolver qué sucederá con sus condiciones de contratación, su antigüedad y la continuidad de sus empleos ante eventuales cambios en las empresas receptoras.

El reclamo por más trabajadores en las áreas esenciales

La organización sindical sostiene que la iniciativa del Ejecutivo parte de un diagnóstico equivocado sobre las necesidades de la administración pública catamarqueña.

En lugar de promover una reducción de la planta estatal, Arévalo reclamó incorporar y distribuir trabajadores en los sectores que presentan mayores dificultades operativas. La situación resulta especialmente preocupante en el interior provincial, donde la falta de docentes, personal de obras públicas y trabajadores vinculados con los servicios de agua afecta la capacidad de respuesta del Estado.

La discusión, según el sindicato, no debería concentrarse exclusivamente en la cantidad de empleados públicos, sino en garantizar que cada localidad cuente con los recursos humanos necesarios para atender las demandas de la población.

El rechazo al proyecto se suma a otros reclamos que ATE Catamarca viene sosteniendo frente al Gobierno provincial, entre ellos la oposición al cierre de la delegación local de IOSFA, el pedido de un bono para los trabajadores estatales y las negociaciones salariales de los empleados municipales de Fiambalá.

Con este posicionamiento, el gremio conducido por Ricardo Arévalo anticipó que no acompañará ninguna iniciativa que implique trasladar trabajadores al sector privado sin garantías concretas sobre sus derechos y su estabilidad.

Mientras el proyecto todavía espera su presentación legislativa, la discusión ya abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno de Jalil y los representantes de los trabajadores estatales, que reclaman fortalecer la administración pública en lugar de avanzar con mecanismos que, advierten, podrían debilitar el empleo y los servicios esenciales de la provincia.