Las universidades nacionales ratificaron que mantendrán la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por el financiamiento del sistema universitario y consideraron inadmisible la pretensión del Gobierno de condicionar cualquier acuerdo al retiro de esa acción legal. Al mismo tiempo, reclamaron la convocatoria inmediata a paritarias para comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido por docentes y no docentes.

La postura fue expresada por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, luego de una nueva ronda de conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Educación. Si bien reconoció que hubo avances en las negociaciones, dejó en claro que las universidades no están dispuestas a abandonar el reclamo judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el diálogo con las autoridades nacionales permitió confirmar dos cuestiones centrales: por un lado, el reconocimiento oficial de la delicada situación económica que atraviesan las universidades y, por otro, la existencia de recursos para comenzar a atender algunos de los reclamos más urgentes del sector.

En ese contexto, Bartolacci consideró prioritario avanzar en la recuperación salarial y en la actualización de las becas estudiantiles, dos aspectos que, según señaló, impactan directamente en el funcionamiento del sistema universitario y en las posibilidades de permanencia de miles de estudiantes.

La negociación había alcanzado un principio de entendimiento sobre varios puntos, pero quedó estancada cuando el Ejecutivo planteó como requisito el desistimiento de la demanda judicial que actualmente tramita ante la Corte Suprema.

Desde el CIN sostienen que esa presentación constituye una herramienta de resguardo institucional para garantizar que cualquier compromiso asumido por el Estado tenga continuidad en el tiempo y se ajuste a lo establecido por la ley. Por ese motivo, descartaron cualquier posibilidad de retirar el expediente judicial mientras no exista una implementación efectiva de las medidas reclamadas.

Entre los puntos discutidos durante las conversaciones figura una propuesta de recomposición salarial del 24,3% destinada a compensar parte de las pérdidas acumuladas durante los últimos años. El esquema prevé un primer tramo de actualización en junio y otro complementario en octubre, además de la conformación de una comisión técnica para abordar las diferencias pendientes.

También se analizaron mejoras en la garantía salarial docente, una actualización de las becas Manuel Belgrano, mayores recursos para gastos de funcionamiento de las universidades y partidas específicas destinadas a hospitales universitarios.

Otro de los aspectos destacados por las autoridades académicas es la posibilidad de establecer mecanismos periódicos de negociación salarial vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de evitar nuevos atrasos en los ingresos del personal universitario.

Para Bartolacci, el desarrollo de estas conversaciones demuestra que existen alternativas para comenzar a resolver el conflicto. En ese sentido, pidió que el Gobierno avance con medidas concretas incluso si no se alcanza un acuerdo integral sobre todos los puntos en discusión.

Mientras tanto, la expectativa también está puesta en la resolución que eventualmente pueda adoptar la Corte Suprema sobre la demanda presentada por las universidades. Sin embargo, desde el CIN consideran que el principal factor de presión continúa siendo el respaldo social que han recibido los reclamos del sector en las multitudinarias movilizaciones realizadas durante los últimos meses.

Las autoridades universitarias sostienen que el debate excede la discusión presupuestaria y refleja dos visiones contrapuestas sobre el papel de la educación superior pública en el desarrollo nacional. Por ello, ratificaron su decisión de mantener el reclamo judicial y aguardarán ahora una definición del Gobierno respecto de la posibilidad de implementar las medidas acordadas sin exigir condiciones que consideran incompatibles con la defensa institucional del sistema universitario.