El presidente Javier Milei firmó este sábado los vetos a tres leyes clave sancionadas por el Congreso: el aumento a jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la Emergencia en Discapacidad. Las medidas serán oficializadas este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, pero la movida ya desató una fuerte tensión política.

Desde la oposición consideran que el Ejecutivo activó una estrategia de presión sobre los gobernadores, en la previa del cierre de frentes electorales del 7 de agosto. Las conversaciones entre los bloques comenzaron de inmediato, aunque por ahora hay acuerdo en postergar la votación para rechazar los vetos hasta después del cierre de listas, cuando —sostienen— podrían sumar más apoyos legislativos.

Veto anticipado y cálculo político

El Gobierno adelantó el veto antes del límite del 4 de agosto, en lo que desde Unión por la Patria interpretan como una jugada para condicionar a los mandatarios provinciales que aún evalúan acuerdos con La Libertad Avanza. El objetivo: evitar que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial.

“La intención es convertirlo todo en una sola votación, tipo 'todo o nada', para obstaculizar la conformación de mayorías”, explicó un diputado del centro político. Esto sería especialmente problemático porque, si el veto incluye las tres normas en un único decreto, sectores que acompañan el aumento a jubilados pero no la moratoria previsional podrían quedar atrapados en un dilema parlamentario.

Una sesión cargada y una estrategia en pausa

La oposición no incluirá aún la insistencia sobre los vetos en la sesión especial convocada para este miércoles. Ese día, la Cámara de Diputados debatirá la Emergencia en Pediatría —para asistir al Hospital Garrahan—, la ley de financiamiento universitario, y proyectos que responden a reclamos de los gobernadores, como la modificación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

"Después del cierre de listas quedarán más heridos políticos que quizás estén dispuestos a dar el salto", explican desde el bloque Democracia Para Siempre. La estrategia, entonces, será esperar el escenario post-electoral para sumar votos en disidencia dentro de espacios aliados al Gobierno.

Gobernadores bajo presión

El oficialismo busca cerrar acuerdos con mandatarios provinciales antes del miércoles. Ya hay negociaciones avanzadas en Mendoza y Entre Ríos, y se suman contactos con San Juan y Salta. En Córdoba, donde se construye un frente opositor más amplio, aclararon que no definirán posturas comunes hasta después de las elecciones. Sin embargo, anticiparon que acompañarán el aumento a jubilados pero no la moratoria previsional.

Mientras tanto, en el Congreso, se mantiene la expectativa por cómo se dividirán los apoyos: algunos bloques como el MID ya adelantaron que respaldarán el aumento previsional y el veto a la moratoria, pero aún no definieron su posición sobre la Emergencia en Discapacidad.

Un Congreso dividido y una calculadora oficialista

En Balcarce 50 confían en tener los números para evitar la reversión de los vetos. El oficialismo necesita un tercio de la Cámara para sostenerlos, lo que implica contar con sus 39 diputados, más 33 del PRO, los tres del MID, seis radicales alineados, y apoyos esporádicos de legisladores vinculados a gobernadores.

A pesar de esa confianza, la convocatoria a la sesión del miércoles encendió alertas. Allí se pondrán en juego proyectos con fuerte respaldo social e institucional, como el financiamiento del Garrahan y las universidades. “Esos son los logros políticos que tenemos que conseguir ya”, anticipó la diputada Julia Strada. Sobre los vetos, añadió: “Luego abordaremos el quórum y la mayoría agravada para lograr el rechazo”.

Las leyes vetadas: qué estaba en juego

• Jubilaciones: incremento del 7,2% en haberes y pensiones (excepto regímenes especiales) y aumento del bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación.

• Moratoria previsional: prórroga por dos años para que quienes no reúnen los 30 años de aportes puedan completar los períodos faltantes y acceder a una jubilación mínima.

• Emergencia en Discapacidad: declara la emergencia hasta diciembre de 2026; contempla actualización automática de aranceles por inflación, recomposición retroactiva de prestaciones y mejora de pensiones no contributivas.