La justicia penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso inédito en la criminalización de la protesta sindical. Ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) fueron indagados y quedaron virtualmente procesados bajo las acusaciones de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga en perjuicio de la pyme Lácteos Vidal.

La indagatoria se llevó a cabo este jueves en la Fiscalía N° 26 de CABA, en el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos durante el prolongado conflicto gremial de 2022, cuando la empresa se negó a avanzar con la recategorización de parte de su personal.

Quiénes son los dirigentes implicados

Entre los imputados figuran Heber Ríos, secretario General de la Seccional General Rodríguez; Sergio Raúl Longo, subsecretario de la Seccional Trenque Lauquen y actual delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense en esa ciudad; y Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen. También fueron alcanzados cinco vocales y delegados sindicales.

Todos forman parte de la estructura nacional de ATILRA, organización conducida por Héctor Ponce. El conflicto se desató con la empresa propiedad de Alejandra Bada Vázquez, que denunció bloqueos en sus plantas de Moctezuma (Carlos Casares) y Villa Devoto (CABA).

Un precedente judicial

Los abogados de Lácteos Vidal subrayaron que es la primera vez en la Ciudad que se aplica la figura de “desbaratamiento de empresa” contra dirigentes gremiales, un hecho que marca un precedente y enciende alarmas dentro del movimiento obrero.

El fiscal acusó a los sindicalistas de “exceder el derecho a huelga”, señalando prácticas como la ocupación de accesos a las fábricas, la intimidación de personal para forzar la adhesión a la medida y la obstaculización del ingreso y salida de mercadería. Según la investigación, estas acciones habrían provocado un perjuicio económico de más de $61 millones (a valores de 2022).

La defensa

La defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Álvaro Díaz Cantón, rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución. “Son mentiras. Nosotros ya fuimos juzgados por esto”, afirmó, recordando instancias previas en las que se debatió judicialmente el conflicto.

Debate abierto

El caso reaviva la discusión sobre los límites entre el derecho constitucional a huelga y la judicialización de las medidas gremiales, en un contexto de tensiones crecientes entre empresas, trabajadores y justicia laboral.