La habilitación de una feria sobre el camino de sirga del Riachuelo abrió un nuevo frente de conflicto político y gremial en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio expuso las crecientes diferencias entre sectores del PRO y La Libertad Avanza, mientras el sindicato de feriantes denunció irregularidades en la representación de los trabajadores involucrados en el emprendimiento.

El conflicto se desarrolla en el barrio de La Boca, en una zona cercana a Caminito, donde comenzó a funcionar una feria autorizada a través de un convenio impulsado desde la Administración General de Puertos.

La autorización fue gestionada mediante un acuerdo con la llamada “Mutual de Puesteros y Feriantes 22 de Enero”, una entidad que quedó bajo cuestionamiento por parte del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes. Desde el gremio sostienen que la mutual no posee representación sindical legítima y denuncian que intenta ocupar espacios de poder tras haber perdido influencia en las elecciones internas del sector.

La secretaria general del sindicato, Mariana Berbeglia, afirmó que la conducción gremial reconocida actualmente es la surgida de los comicios realizados en 2024 y cuestionó el rol de sectores vinculados a la estructura que administra la feria.

La controversia escaló aún más luego de que trascendieran vínculos entre integrantes de la mutual y Walter Godoy, detenido meses atrás en una causa judicial relacionada con presuntas maniobras de extorsión en la feria de La Salada.

Dentro del gobierno porteño interpretan la instalación de la feria como una señal política impulsada por sectores libertarios para disputar presencia territorial y debilitar la gestión de Jorge Macri en uno de los distritos históricamente controlados por el PRO.

La tensión se produce además en medio de las discusiones anticipadas por la sucesión política porteña de 2027, escenario en el que distintos sectores de La Libertad Avanza buscan ganar protagonismo frente al oficialismo local.

En paralelo, comerciantes y vecinos de la zona manifestaron preocupación por el impacto de la feria sobre el ordenamiento urbano y la actividad turística del área. En ese punto coinciden con el reclamo del sindicato de feriantes, que insiste en que cualquier autorización vinculada a ferias en territorio porteño debería contar con acuerdo previo de la representación gremial reconocida.

La disputa, que combina intereses políticos, sindicales y comerciales, suma un nuevo capítulo a la creciente competencia entre el oficialismo porteño y el espacio libertario por el control territorial y simbólico de la Ciudad de Buenos Aires.