El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención y posterior proceso de liquidación de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. El escándalo dejó a millones de usuarios sin posibilidad de acceder a sus cuentas y terminó comprometiendo la continuidad del mandatario.

La decisión llegó cuando el Congreso avanzaba con un juicio político en su contra y el oficialismo comenzaba a retirarle su respaldo. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Peña confirmó su dimisión y sostuvo que tomó la decisión para preservar la estabilidad institucional.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó.

El mandatario también pidió disculpas a la población y aseguró que su principal preocupación era garantizar la devolución de los fondos a los usuarios afectados por la crisis bancaria.

El conflicto comenzó a escalar luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera la intervención de Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La entidad contaba con alrededor de tres millones de clientes, una cifra equivalente a casi la mitad de la población paraguaya.

La medida dejó a miles de usuarios sin acceso a sus ahorros y abrió una fuerte discusión sobre el funcionamiento de los controles financieros, el manejo de los fondos públicos y los vínculos entre el banco y sectores del poder político.

Uno de los puntos más sensibles del caso es la relación que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, antiguo propietario de la entidad, del que fue accionista hasta marzo de 2025. Además, durante su gestión, Ueno Bank recibió importantes depósitos de organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social.

La situación derivó en investigaciones judiciales y cuestionamientos políticos por posibles conflictos de intereses y presuntas irregularidades. Peña negó haber cometido actos indebidos.

La renuncia no frenó inmediatamente el proceso institucional. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, avanzar con el juicio político contra el mandatario y rechazó su dimisión, en una decisión que busca evitar que Peña pueda conservar fueros como expresidente.

Ahora, el Senado deberá intervenir para resolver la situación institucional y definir los pasos siguientes. Mientras tanto, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como el principal sucesor para completar el mandato, previsto hasta agosto de 2028.

La crisis también provocó cambios en la conducción del Banco Central y la detención de directivos de la entidad financiera, mientras crece la preocupación por el destino de los depósitos y los recursos públicos comprometidos.

La salida de Peña representa un fuerte golpe político para el oficialismo paraguayo y deja al descubierto una crisis que comenzó en el sistema financiero, pero terminó golpeando directamente al corazón del poder.