La crisis financiera que sacude a Paraguay comenzó a tener consecuencias directas sobre el empleo en Argentina. Alrededor de 900 trabajadores de Kaitel SRL, la empresa que representa en el país a la tecnológica paraguaya ITTI, quedaron afectados por una decisión empresarial que incluyó suspensiones sin goce de sueldo y el incumplimiento del pago de salarios.

La compañía, que tiene sus oficinas en el barrio porteño de Belgrano, forma parte del entramado empresarial vinculado al Grupo Vázquez, relacionado con Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Según los testimonios de los empleados, el impacto de la crisis se produjo de manera repentina. La empresa comunicó que parte del personal quedaría suspendido y que otro grupo debía continuar trabajando de manera remota, sin ofrecer certezas sobre cuándo se normalizarían los pagos ni cuál será el futuro de la actividad.

«Quedó todo cortado, no cobramos el sueldo de este mes», relató Jorge Martín, uno de los trabajadores afectados, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. También cuestionó la falta de información por parte de la compañía y aseguró que el área de Recursos Humanos no está brindando respuestas.

Suspensiones sin sueldo y falta de respuestas

De acuerdo con las comunicaciones internas que recibieron los empleados, Kaitel dispuso suspensiones por 30 días sin goce de haberes, entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre inclusive, bajo el argumento de razones de fuerza mayor.

La decisión también estableció que una parte de la plantilla continuara prestando servicios de manera remota. Sin embargo, incluso para ese grupo la situación salarial permanece comprometida: según trascendió, la empresa reconoció que se encuentra buscando fondos para cancelar los salarios correspondientes a octubre.

Los trabajadores cuestionaron, además, el mecanismo utilizado para informar las suspensiones. Según denunciaron, la comunicación llegó mediante un correo electrónico, sin que se les notificara formalmente a través de una carta documento.

«Nos mandaron un mail totalmente irregular porque no hubo una comunicación fehaciente por carta documento de suspensión de actividades; fue sólo un mail donde dice que algunos estamos suspendidos y otros no», explicó Martín.

Un esquema salarial que genera preocupación

Otro de los problemas que enfrentan los empleados está relacionado con la modalidad de contratación y liquidación de sus ingresos. Según los testimonios, el esquema combinaba una parte del salario abonada en pesos desde Argentina a través de Kaitel SRL y un complemento en dólares mediante plataformas internacionales como Deel.

La interrupción de esa cadena de pagos abrió interrogantes sobre la situación contractual de los trabajadores, particularmente en relación con los aportes previsionales, el aguinaldo y una eventual indemnización ante un agravamiento de la crisis.

La incertidumbre también alcanza a la continuidad de los puestos de trabajo, ya que los empleados no cuentan con información concreta sobre la reanudación de las actividades ni sobre la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones.

La crisis financiera cruza la frontera

El conflicto laboral en Buenos Aires está directamente relacionado con la situación que atraviesa el conglomerado empresario en Paraguay, donde la intervención de Ueno Bank y las dificultades del grupo derivaron en una crisis financiera e institucional de fuerte repercusión.

La situación dejó al descubierto la vulnerabilidad de los trabajadores argentinos frente a las dificultades de compañías que operan bajo estructuras empresariales internacionales, pero que tienen personal contratado y obligaciones laborales en el país.

Mientras esperan respuestas sobre sus salarios y la continuidad de sus empleos, los trabajadores mantienen su reclamo frente a la empresa.

«Vamos a seguir acá hasta tener respuestas, somos trabajadores y trabajadoras comunes, no tenemos nada que ver con la política partidaria», concluyó Martín.

El conflicto suma así un nuevo capítulo a la preocupación por el empleo privado y deja a cerca de 900 familias frente a la incertidumbre de no saber cuándo volverán a cobrar ni qué ocurrirá con sus fuentes de trabajo.