La Justicia porteña rechazó un pedido de amparo presentado por trabajadores de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires que buscaban frenar el proceso de concesión y gerenciamiento impulsado por el Gobierno porteño. La decisión fue tomada por la jueza Macarena Marra Giménez, quien desestimó el planteo cautelar presentado por empleados de las radios públicas y del Canal de la Ciudad.

La causa se tramita en el Fuero Contencioso Administrativo y había sido iniciada por un grupo de trabajadores que cuestionaron la legalidad de la medida por considerar que podría generar consecuencias patrimoniales, culturales, normativas y laborales sobre los medios estatales porteños.

En su resolución, la magistrada tomó como base el dictamen del fiscal interviniente y rechazó “in limine” la acción judicial. Entre los argumentos centrales, sostuvo que los demandantes no acreditaron representación suficiente para accionar en nombre del colectivo de trabajadores y que no se cumplían los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover una acción colectiva.

Además, la jueza consideró que no existe todavía un “conflicto concreto y actual” entre los trabajadores y el Gobierno de la Ciudad que justifique el dictado de una medida cautelar.

En el fallo también señaló que el Poder Judicial no puede pronunciarse de manera abstracta sobre la constitucionalidad de decisiones adoptadas por otros poderes del Estado si no existe una colisión efectiva de derechos.

La resolución representa un respaldo judicial para la administración de Jorge Macri en medio del debate por el futuro de los medios públicos porteños y la posibilidad de avanzar con modelos de gerenciamiento privado.

Desde el colectivo de trabajadores adelantaron que apelarán la decisión judicial y aseguraron que continuarán el reclamo hasta las últimas instancias disponibles. Paralelamente, más de 450 empleados de las emisoras públicas y del Canal de la Ciudad enviaron una carta dirigida al jefe de Gobierno para solicitar que se suspenda el proceso de concesión.

En el documento, los trabajadores advirtieron que la iniciativa “pone en riesgo el carácter público, cultural e informativo” de medios que consideran parte del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, recordaron que el Ente Nacional de Comunicaciones habría considerado el esquema de concesión como un posible “hecho antijurídico” y señalaron que la medida podría afectar la pluralidad de voces, el patrimonio público y el acervo cultural construido históricamente por los medios estatales porteños.

Los trabajadores también alertaron sobre el impacto laboral que tendría el gerenciamiento sobre cientos de empleados que actualmente sostienen el funcionamiento cotidiano de la estructura pública de comunicación de la Ciudad.