El Gobierno nacional avanza con un nuevo plan de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de reducir en un 20% su planta de personal. La iniciativa, que será tratada nuevamente en el Consejo Directivo del organismo, apunta a alcanzar unas 950 desvinculaciones, aunque ya genera cuestionamientos tanto por su costo como por las condiciones ofrecidas.

El proyecto es impulsado por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en línea con la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. La propuesta prevé destinar más de 101.700 millones de pesos para financiar las salidas, una cifra que deberá ser cubierta mediante una ampliación presupuestaria que aún no está garantizada.

Según la documentación oficial, el plan está dirigido a trabajadores de planta permanente de hasta 65 años. La compensación varía según la edad: quienes tengan menos de 60 años recibirían 1,5 salarios por cada año de servicio, mientras que para los mayores se establecen topes de entre 12 y 24 sueldos, dependiendo de la cercanía con la jubilación.

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos aparece en los detalles del cálculo: sólo se reconocerán los años trabajados en planta permanente, dejando afuera los períodos desempeñados como becarios o bajo contratos transitorios. Esta condición podría desalentar la adhesión, ya que muchos trabajadores cuentan con extensas trayectorias previas en esas modalidades.

El Gobierno presenta la propuesta como un incentivo “atractivo” para reducir la dotación actual —que ronda los 5.800 empleados—, tras un primer intento fallido en 2024 que apenas logró unas 300 adhesiones. En paralelo, la gestión ya concretó cerca de 500 desvinculaciones desde el inicio de la actual administración.

El financiamiento del plan es otro foco de incertidumbre. Para cubrir el costo total, el Ejecutivo debería autorizar una reasignación de partidas presupuestarias mediante decreto. Este punto será clave para obtener el aval del Consejo Directivo del INTA, integrado por representantes del sector agropecuario y de universidades nacionales.

La iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del organismo, que incluyó el cierre de dependencias, la reducción de agencias territoriales y la posible venta de campos experimentales. Desde distintos sectores advierten que estas medidas afectan funciones estratégicas vinculadas a la investigación y extensión rural.

En ese contexto, el nuevo esquema de retiros voluntarios aparece como la principal herramienta para avanzar en la reducción de personal, aunque su implementación enfrenta resistencias internas y dudas sobre su viabilidad efectiva.