La Justicia laboral ordenó la reincorporación de César Gustavo Latorre a su puesto en el Hospital Italiano, luego de considerar que existen elementos que permiten presumir que su despido pudo estar vinculado con su actividad sindical. La decisión fue adoptada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó el fallo de primera instancia e hizo lugar a una medida cautelar presentada por la defensa del trabajador.

El tribunal, integrado por los jueces Gabriel de Vedia y Enrique Catani, dispuso que la institución médica restituya provisoriamente a Latorre en las mismas condiciones laborales que tenía antes de su desvinculación. La resolución establece un plazo de cinco días para cumplir la medida y contempla la posibilidad de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.

El caso volvió a poner en discusión los límites de las decisiones empresariales cuando involucran a trabajadores con participación gremial y las garantías legales que protegen la actividad sindical.

Un despido bajo cuestionamiento judicial

Latorre trabaja en el Hospital Italiano desde 2007 y se desempeñó como delegado general de ATSA entre 2012 y 2024. De acuerdo con los antecedentes de la causa, fue despedido sin expresión de causa, en un procedimiento que la representación del trabajador describió como un «operativo notarial inusual».

Según lo expuesto en el expediente, el trabajador también había enviado un telegrama para intimar a la empleadora, sin obtener la respuesta esperada.

La Cámara evaluó su trayectoria gremial, su participación en distintos reclamos judiciales contra la institución y su candidatura a secretario general de ATSA Capital en 2025. También tuvo en cuenta su intervención en presentaciones vinculadas con la provisión de equipos de protección personal durante la pandemia de COVID-19.

A partir de esos elementos, los magistrados consideraron que existían indicios suficientes para justificar la protección cautelar solicitada. El análisis se apoyó en las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 y de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que establecen garantías frente a conductas que puedan vulnerar derechos sindicales o constituir actos discriminatorios.

La libertad sindical y la carga de la prueba

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el alcance de la prueba exigible en esta etapa del proceso. Los jueces señalaron que, para resolver una medida cautelar, no corresponde exigir al trabajador una demostración plena y definitiva de la discriminación denunciada.

La decisión no implica que la Cámara haya resuelto de manera definitiva el conflicto de fondo. Se trata de una medida provisoria destinada a evitar que la demora judicial pueda ocasionar un perjuicio irreparable sobre los derechos invocados.

El fallo también sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 no pueden interpretarse como una autorización para adoptar decisiones que vulneren las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical.

De esta manera, la resolución reafirma que la actividad gremial constituye un aspecto protegido del vínculo laboral y que las denuncias de discriminación deben ser evaluadas a la luz de las garantías legales vigentes.

La Bordó de Sanidad celebró la reincorporación

La decisión judicial fue recibida con satisfacción por la agrupación La Bordó de Sanidad, que acompañó el reclamo de Latorre y calificó la resolución como un logro colectivo tras meses de conflicto.

A través de sus redes sociales, el espacio sindical informó que el trabajador había vuelto a ingresar al Hospital Italiano para retomar sus tareas y celebró la medida con un mensaje dirigido a quienes participaron de la campaña por su reincorporación.

La agrupación también destacó el trabajo del equipo jurídico del Centro de Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), al que atribuyó un papel importante en la presentación que permitió obtener la cautelar.

Un antecedente en el debate sobre los derechos gremiales

La reincorporación provisoria de Latorre se suma a las disputas judiciales que examinan la relación entre las facultades empresariales, la protección contra la discriminación y el ejercicio de la representación sindical.

Por ahora, la orden de reinstalación busca preservar las condiciones necesarias para que el trabajador pueda ejercer sus derechos mientras continúa el proceso. La resolución no define todavía el resultado definitivo de la controversia, pero establece que, ante la existencia de indicios de una posible persecución antisindical, corresponde adoptar medidas para evitar que se profundice el perjuicio denunciado.

El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión el alcance de las garantías que amparan a los delegados y dirigentes gremiales, especialmente cuando una desvinculación laboral es cuestionada por su posible relación con la actividad sindical.