La Justicia laboral de Río Negro condenó a una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) a pagar más de 13 millones de pesos a una empleada de un supermercado, tras reconocer que la trabajadora sufrió una enfermedad profesional vinculada directamente a sus tareas cotidianas.

El fallo fue dictado por la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Viedma, integrada por los jueces Carlos Alberto Da Silva, Carlos Marcelo Valverde y Rolando Gaitán, quienes consideraron que la aseguradora actuó de manera improcedente al interrumpir el tratamiento médico, lo que agravó la situación de la trabajadora.

Según se detalla en la sentencia, la mujer padeció una tendinosis del supraespinoso, conocida como “hombro doloroso simple”, producto de los movimientos repetitivos y de fuerza que debía realizar a diario en su puesto, especialmente al manipular carretas cargadas de mercadería. La lesión, que se manifestó en enero de 2024, derivó en una incapacidad parcial y permanente del 8,75%.

El empleador había denunciado el siniestro ante la ART, que en un primer momento reconoció la afección y otorgó las prestaciones médicas correspondientes hasta marzo de 2024. Sin embargo, la aseguradora rechazó luego la continuidad del tratamiento, argumentando que la bursitis sufrida por la trabajadora no tenía origen laboral.

El peritaje médico de la doctora Verónica Saieg fue determinante para revertir esa decisión. El informe estableció que la patología era consecuencia directa de los movimientos forzados y repetitivos propios de la tarea desarrollada, desestimando la hipótesis de una causa ajena al trabajo.

Con base en esa prueba, la Cámara aplicó el principio protectorio del Derecho Laboral —según el cual, en caso de duda, debe resolverse en favor del trabajador— y determinó que la aseguradora debía indemnizar a la víctima conforme a la Ley de Riesgos del Trabajo N.º 24.557.

Además, el tribunal impuso las costas del proceso y los honorarios profesionales a la ART, al considerarla “sustancialmente vencida”.

El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de las aseguradoras en la cobertura integral de enfermedades profesionales y las limitaciones que enfrentan muchos trabajadores cuando las ART rechazan tratamientos o reducen prestaciones, aun frente a diagnósticos que evidencian el origen laboral de las lesiones.