Dos funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, impulsan la designación de Silvana Palina al frente de la obra social azucarera. Su padre, Roberto Palina, es señalado como responsable del colapso financiero de la entidad.

Una fuerte polémica sacude al ámbito sindical y sanitario tucumano tras conocerse que dos funcionarios nacionales, Juan Carlos Pierre Ganchegui y Ricardo Lara, buscan designar al frente de la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana (OSPAAT) a Silvana Palina, hija del histórico gremialista Roberto Palina, líder de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA).

La decisión generó malestar y rechazo entre los trabajadores azucareros, ya que el propio Roberto Palina es señalado como uno de los principales responsables de haber llevado a la obra social a su actual situación de crisis y virtual acefalía.

En septiembre pasado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) había declarado formalmente en crisis a la OSPAAT, ordenando la presentación de un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales en un plazo de 15 días. Dicho proceso debía ser supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro.

Sin embargo, lejos de un plan técnico o sanitario, la solución que hoy impulsa el organismo sería la designación política de Silvana Palina como “normalizadora”, con el aval de los funcionarios Ganchegui y Lara, quienes responden al ministro de Salud, Mario Lugones.

Según trascendió, el esquema propuesto permitiría que el sindicato mismo designe al interventor, con el visto bueno de la Superintendencia, lo que en los hechos implicaría devolver el control de la obra social al mismo entorno que la llevó al colapso financiero.

“Es un plan de contingencia sin soluciones reales, una maniobra política que indigna a los trabajadores”, advirtieron fuentes cercanas al sector azucarero.

La figura de Roberto Palina no es ajena a la controversia. Además de su peso sindical y su paso por la política provincial —fue Secretario de Trabajo y legislador—, mantiene un historial judicial comprometido: en febrero de este año, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima, en el marco de un juicio abreviado.

En Tucumán, la posible designación de su hija desató un verdadero escándalo político y sindical, reavivando las sospechas sobre las intervenciones y manejos discrecionales de la Superintendencia de Servicios de Salud durante la gestión libertaria.

“Resulta incomprensible que se proponga a la hija del responsable de la crisis para conducir la recuperación de la obra social”, resumió un referente del sector azucarero.

La polémica abre una nueva grieta entre las bases sindicales y los funcionarios nacionales, en un contexto donde las obras sociales atraviesan un proceso de auditorías y reestructuración bajo la órbita del Ministerio de Salud.