La avanzada judicial del Gobierno nacional sobre la reforma laboral sumó un nuevo respaldo en los tribunales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió dejar sin efecto una serie de medidas cautelares que habían sido dictadas por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda en causas iniciadas por distintos sindicatos contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La decisión se conoció pocos días después de que el mismo tribunal rechazara la cautelar presentada por la CGT en el expediente colectivo principal, donde la central obrera buscaba suspender provisoriamente más de 80 artículos de la reforma impulsada por la administración libertaria.

Con este nuevo fallo, el Ejecutivo consigue consolidar uno de sus principales objetivos en la disputa judicial: concentrar todos los planteos vinculados con la reforma laboral en el fuero Contencioso Administrativo Federal y evitar resoluciones dispersas en distintos juzgados laborales.

La resolución fue adoptada tras una presentación conjunta del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y de la Procuración del Tesoro encabezada por Sebastián Amerio, que solicitaron la nulidad de las cautelares obtenidas por diversos gremios ante la Justicia del Trabajo.

En el fallo, el tribunal sostuvo que las medidas precautorias debían ser revocadas debido a que habían sido dictadas por un magistrado “declarado incompetente” para intervenir en los expedientes relacionados con la reforma laboral. El criterio se apoyó en la resolución adoptada el pasado 8 de mayo en la causa principal iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado nacional.

La discusión sobre qué fuero debe intervenir en el tratamiento de la reforma se transformó en uno de los ejes centrales de la batalla judicial. Mientras los sindicatos intentaron sostener sus presentaciones en la Justicia laboral, el Gobierno insistió en que todas las demandas debían tramitarse en el ámbito Contencioso Administrativo Federal, donde considera que existe una interpretación más favorable respecto de la validez de la norma.

Esa postura ya había recibido respaldo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que avaló la competencia de ese fuero para analizar la constitucionalidad de la ley.

Tras esa definición, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda terminó remitiendo los expedientes que aún permanecían bajo su órbita. El movimiento permitió acelerar el proceso de unificación de causas y debilitó la posibilidad de que coexistieran cautelares contradictorias en distintos tribunales.

El nuevo escenario judicial representa un alivio para el Gobierno de Javier Milei, que busca sostener la vigencia de la reforma mientras avanza la discusión de fondo sobre su constitucionalidad.

Desde el sindicalismo, en tanto, advierten que continuarán impulsando acciones judiciales contra distintos artículos de la ley, al considerar que afectan derechos laborales y garantías de organización sindical históricamente reconocidas.