Sindicatos estatales de Córdoba realizaron este lunes una protesta sorpresiva en el peaje de la autopista Córdoba–Villa Carlos Paz para manifestar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial de Martín Llaryora. La medida se enmarca en un plan de lucha conjunto contra la denominada Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, recientemente aprobada por la Legislatura cordobesa.

La acción fue protagonizada por gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones de la provincia, entre ellos la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). La presencia sindical generó demoras en el tránsito y permitió visibilizar el reclamo en uno de los principales corredores turísticos de la provincia.

Desde las organizaciones gremiales cuestionaron el contenido de la reforma previsional, al considerar que incrementa los aportes, modifica el cálculo de los haberes y traslada el ajuste sobre los trabajadores activos y los jubilados. “Esta ley impacta directamente en el salario diferido de los trabajadores y no resuelve el problema de fondo de la Caja”, sostuvo Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, quien aclaró que la manifestación se desarrolló de manera pacífica y sin un corte total de la circulación.

En el mismo sentido, Lucía Bonafé, secretaria de Organización de la AGEPJ, cuestionó el espíritu de la norma y afirmó que “lejos de ser equitativa, interviene en el bolsillo de los trabajadores para resolver el déficit previsional”. Además, reclamó transparencia en las cuentas del sistema jubilatorio y la apertura de instancias de diálogo con el Ejecutivo provincial.

Los sindicatos también apuntaron contra el Gobierno nacional por la falta de envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y señalaron que el déficit previsional no puede resolverse con medidas regresivas. En ese marco, plantearon la necesidad de políticas estructurales que fortalezcan el empleo formal y amplíen la base de aportantes.

La protesta se extendió durante aproximadamente una hora y media, entre las 10 y las 11.30, período en el que se registraron largas filas de vehículos y bocinazos de apoyo de algunos automovilistas. Durante la jornada, los manifestantes distribuyeron material informativo y anticiparon la continuidad de acciones gremiales durante el mes de enero.

Tras la movilización, la empresa Caminos de las Sierras S.A., concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba, presentó una denuncia penal contra los gremios por presunta obstrucción del tránsito. Según la presentación judicial, entre 350 y 400 personas ocuparon carriles en sentido Córdoba–Villa Carlos Paz, situación que —indicaron— habría generado riesgos para la seguridad vial. La denuncia se fundamenta en el artículo 194 del Código Penal y solicita la habilitación de la feria judicial para su tratamiento.

Desde las organizaciones sindicales, en tanto, ratificaron la unidad del frente gremial y advirtieron que profundizarán el plan de lucha en defensa de los salarios, las jubilaciones y el sistema previsional provincial, al tiempo que exigieron al gobierno de Llaryora que revise lo que calificaron como una política de ajuste sobre los trabajadores.