La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes hacia los Tribunales para presentar formalmente una impugnación contra la reforma laboral aprobada por el Congreso, al considerar que varios de sus artículos son inconstitucionales. En el marco de la protesta, el cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, afirmó que el movimiento sindical no aceptará retrocesos en materia de derechos laborales.

“Todo lo que impulsa este Gobierno va en sentido contrario a lo que necesita la sociedad”, sostuvo el dirigente en declaraciones radiales. Y remarcó: “No estamos dispuestos a resignarnos ni a rendirnos”, al tiempo que cuestionó un modelo económico que —según planteó— prioriza la especulación financiera por sobre la producción y el empleo.

Jerónimo aseguró que la normativa sancionada no apunta a resolver la informalidad laboral, tal como argumentó el oficialismo durante el debate parlamentario. Por el contrario, advirtió que la iniciativa “profundiza la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal” y consolida un esquema que concentra la riqueza. “Nos levantamos todos los días con menos empresas y menos empleo, en medio de una crisis social cada vez más aguda”, señaló.

El referente sindical también llamó a construir una alternativa política y social que recupere la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, destacó el rol de la CGT como “actor clave” para promover un proyecto que priorice la producción, la inversión y el desarrollo con eje en el trabajo y la soberanía nacional.

Los ejes de la impugnación judicial

Además de la movilización, el Consejo Directivo Nacional de la CGT difundió un documento en el que detalla los fundamentos de la presentación judicial. Allí rechaza el argumento oficial de que la reforma fomentará el empleo registrado y sostiene que, por el contrario, implica un retroceso en derechos consagrados.

Entre los puntos centrales, la central obrera señala la violación del principio de no regresividad en materia de derechos sociales y del principio protectorio del derecho laboral, ambos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. También advierte que la ley contradice garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vinculadas a la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social.

En concreto, la CGT cuestiona la habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas, la reducción de aportes patronales a las obras sociales, la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan con aportes previsionales, la fragmentación de las vacaciones, las limitaciones al derecho a la protesta y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros aspectos.

Para la conducción cegetista, estas modificaciones no constituyen medidas aisladas sino que forman parte de un programa económico que —afirman— debilita la matriz productiva y reduce la capacidad de organización de los trabajadores.

Con la presentación ante la Justicia ya en marcha, la central obrera anticipó que continuará con su plan de acción sindical mientras espera una definición judicial sobre la constitucionalidad de la norma.