La reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), impulsada por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 378/2025, desató una fuerte reacción por parte de los trabajadores del organismo y encendió las alarmas en el ámbito científico y agropecuario. Desde el sindicato APINTA ya se preparan medidas judiciales y acciones de protesta para impedir la implementación de los cambios, que consideran el paso inicial hacia el desmantelamiento del INTA.

“Vamos a dar una batalla judicial y política para frenar esta destrucción”, afirmó Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del INTA, quien anticipó la presentación de amparos en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la realización de tomas simbólicas en distintas sedes del organismo. Además, el gremio buscará respaldo parlamentario y el apoyo de gobernadores para detener el decreto en el Congreso.

El decreto modifica la estructura histórica del INTA: reemplaza su Consejo Directivo por un Consejo Técnico sin poder de decisión, elimina su autarquía financiera, y transfiere el control presupuestario a la Secretaría de Agricultura y al Ministerio de Economía. También excluye del directorio a las universidades y entidades del agro como Aacrea, limita su capacidad para crear estaciones experimentales, y convierte a su presidente en funcionario con rango de secretario de Estado, concentrando amplios poderes.

Para los gremios, estas reformas implican “la destrucción de un modelo de gestión público-privado con mirada federal” y marcan un giro hacia una estructura centralizada, dependiente y orientada a “importar paquetes tecnológicos” en lugar de desarrollar ciencia nacional. Según cálculos de APINTA, unas 300 unidades de extensión podrían cerrar, se pondrían en venta campos experimentales y hasta 1.500 trabajadores quedarían en situación de disponibilidad.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la delegada Julieta Boedo denunció que la decisión forma parte de un “plan sistemático” para vaciar los organismos del Estado. “Con el verso de la casta, se están quedando con todas las cajas, especialmente las de ciencia y técnica”, expresó.

Boedo recordó que la autarquía del INTA está garantizada por ley desde hace siete décadas, y advirtió que el nuevo modelo pone en peligro tanto el patrimonio institucional como la continuidad laboral de miles de profesionales y técnicos. “Ahora todo quedará bajo el control directo del presidente del INTA, que responderá exclusivamente al Ministerio de Desregulación”, señaló.

Desde el oficialismo, justificaron la medida argumentando que el INTA forma parte de una red de organismos “ineficientes” que requieren una transformación estructural. Según datos oficiales, el organismo cuenta con una planta de más de 6.000 trabajadores y un presupuesto superior a los $229.000 millones anuales.

Frente a este panorama, los gremios se preparan para dar pelea en los tribunales y en el Congreso, con el objetivo de defender la integridad de uno de los institutos científicos más relevantes del país. La pulseada recién comienza, y se anticipa como uno de los capítulos más tensos en el marco del ajuste estatal.