Las dos principales centrales sindicales del país, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal contra organizaciones gremiales, sociales y políticas. El hecho, de altísima sensibilidad institucional, fue revelado tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, publicada en el diario La Nación.

Según la denuncia presentada este lunes por Hugo Yasky (CTA) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), se habrían elaborado informes secretos de inteligencia que detallan acciones públicas y legales de diversos colectivos, como marchas de jubilados, movilizaciones sindicales y actividades culturales, sin que se fundamente su vinculación con amenazas a la seguridad nacional.

"Se trata de una violación a la democracia", afirmaron las centrales

Ambas CTA afirmaron que los documentos filtrados incluyen nombres de dirigentes, fechas, horarios y recorridos de protestas, sin sustento legal alguno, lo que violaría la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25.520) y múltiples derechos constitucionales, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la participación política.

“Estamos frente a una situación de extrema gravedad institucional, que recuerda prácticas del pasado más oscuro de la Argentina”, señalaron en un comunicado conjunto. También advirtieron que sus organizaciones figuran en los registros de inteligencia, junto con otras entidades sindicales y sociales, lo que agrava la preocupación por el carácter sistemático de la vigilancia.

¿Espionaje sin autorización judicial?

Los gremios solicitaron a la Justicia que determine si esas tareas de inteligencia contaron con orden judicial. En caso contrario, pidieron que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios implicados, incluido el propio Milei, como máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.

Asimismo, solicitaron ser informados sobre el avance del expediente para constituirse como querellantes en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido espiados de manera ilegal.

Una denuncia con fuerte impacto político

La presentación judicial se suma a un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, que vienen denunciando recortes, represión y criminalización de la protesta en medio de un ajuste económico profundo. Para las CTA, este presunto espionaje representa una intolerable persecución política y sindical en democracia.

Con esta denuncia, las centrales buscan sentar un precedente y evitar que el Estado utilice los aparatos de inteligencia para perseguir la organización social. Mientras tanto, el gobierno aún no emitió declaraciones oficiales sobre el caso. La causa queda ahora en manos de la justicia federal, que deberá determinar si hubo violación a las leyes y garantías fundamentales.