La empresa de transporte y logística Expreso Brío quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trabajadores denunciaran una ola de despidos que habría afectado a más de 200 empleados en distintas sucursales del país. La situación generó protestas frente a la sede rosarina del Ministerio de Trabajo, donde los afectados reclamaron respuestas y el pago de salarios adeudados.

Según relataron los trabajadores, la crisis alcanzó su punto más crítico esta semana cuando numerosos empleados se presentaron en sus lugares de trabajo y encontraron las instalaciones cerradas. Posteriormente, varios de ellos recibieron telegramas de despido sin causa, poniendo fin a vínculos laborales que, en algunos casos, superaban las dos décadas de antigüedad.

La situación impactó especialmente en Rosario, donde alrededor de 60 personas habrían sido desvinculadas. Sin embargo, los reclamos también se replican en otras provincias donde la firma mantenía operaciones, entre ellas Buenos Aires y Córdoba, regiones que también registraron importantes recortes de personal.

Los trabajadores aseguran que los problemas venían manifestándose desde hace varios meses. Demoras en el pago de salarios, incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones y el cierre progresivo de distintas sucursales fueron algunas de las señales que anticipaban el deterioro de la actividad de la compañía.

A la preocupación por la pérdida de las fuentes laborales se suma el reclamo por haberes impagos. Los empleados denuncian que aún se adeudan salarios correspondientes a los últimos meses, además de bonos, aguinaldos y otros conceptos que forman parte de sus ingresos habituales. Según indicaron, hasta el momento solo recibieron promesas de cancelación de la deuda, sin precisiones sobre fechas o mecanismos de pago.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de información por parte de la conducción de la empresa. Los trabajadores sostienen que durante el desarrollo de la crisis nunca recibieron explicaciones claras sobre la situación financiera de la firma ni sobre los planes para garantizar la continuidad laboral del personal.

En ese contexto, algunos empleados expresaron sospechas sobre un posible proceso de vaciamiento empresarial. Según afirman, durante los últimos meses circularon versiones sobre la llegada de nuevos inversores o la incorporación de otra compañía para hacerse cargo de las operaciones, aunque esas alternativas nunca se concretaron ni fueron comunicadas oficialmente.

Mientras continúan las gestiones ante las autoridades laborales, los despedidos buscan obtener respuestas sobre el pago de las indemnizaciones correspondientes y reclaman la intervención de los organismos competentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos. El conflicto mantiene en alerta a cientos de familias que dependen de la actividad de una empresa que durante años fue una de las referencias del sector logístico y de transporte de cargas en distintas regiones del país.