La crisis en Petroquímica Río Tercero alcanzó este miércoles un nuevo punto de tensión: los trabajadores tomaron el edificio de administración de la empresa ante la falta de pago de sus salarios. “No saldrá nadie hasta que el salario no aparezca”, advirtieron desde el gremio que representa al personal químico y petroquímico de la zona.

La medida fue resuelta por unanimidad en asamblea tras confirmarse que la empresa no depositó los haberes correspondientes al mes en curso. La Secretaría de Prensa del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) informó que se impide el ingreso y egreso del personal jerárquico hasta que se regularice la situación. “¡Con el salario no se juega!”, señalaron en un comunicado.

El conflicto lleva semanas y acumula más de 250 despidos, con una planta completamente paralizada. El lunes 4 de agosto, el Ministerio de Trabajo de Córdoba había prorrogado por 10 días hábiles la conciliación obligatoria, pero la empresa, según denuncia el sindicato, incumplió con todas las condiciones fijadas por la autoridad laboral.

El gremio había exigido una respuesta concreta por parte de la empresa en un plazo de 48 horas, que venció sin novedades. Lejos de encontrar una solución, el conflicto se profundizó con el nuevo incumplimiento salarial, lo que motivó la radicalización de las medidas de fuerza.

Durante la última audiencia en la cartera laboral, los representantes sindicales acusaron a la patronal de montar “un show mediático y dentro de la fábrica” para amedrentar al personal, y de estar cometiendo una “estafa empresarial” al no cumplir con sus compromisos mientras mantiene paralizada la producción.

Desde el SPIQyP advierten que la situación es “crítica” tanto en lo económico como en lo humano: “Profesionales y operarios están sin salario, sin certezas y con una planta completamente frenada, mientras las autoridades miran para otro lado”.

La organización gremial exigió una intervención urgente del gobierno provincial y nacional para garantizar la continuidad productiva de la planta y evitar una catástrofe social y laboral en la región. La ocupación del edificio administrativo fue definida como una “acción legítima de defensa” para visibilizar la gravedad de la crisis.