La decisión de la agroexportadora de suspender las actividades en General Arenales profundizó la crisis económica de la localidad. El conflicto gira en torno a denuncias de camioneros por presuntas comisiones informales del 3% para acceder a los viajes.

La localidad bonaerense de Arribeños, en el partido de General Arenales, atraviesa un complejo escenario luego de que la multinacional Cargill resolviera suspender las operaciones de su planta de acopio, una instalación con más de dos décadas de funcionamiento que representa una fuente clave de empleo y movimiento económico para la región.

La paralización de las actividades dejó sin trabajo a unos 30 trabajadores vinculados a la operatoria de la planta y generó un efecto inmediato sobre talleres mecánicos, comercios, proveedores de servicios y otros actores de la economía local que dependen del movimiento generado por el establecimiento.

Según informó la empresa, la suspensión comenzó el 3 de julio y continuará vigente hasta que existan "garantías de seguridad" para retomar la actividad.

Denuncias por presuntas comisiones irregulares

El origen del conflicto se encuentra en una disputa entre transportistas independientes y un representante de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Los fleteros denuncian que para acceder a los viajes debían canalizar la operatoria mediante un intermediario que, según sostienen, no prestaba un servicio logístico efectivo y exigía el pago de una comisión del 3% por fuera de los mecanismos formales sobre el valor de cada carga.

Cristian Cardoso, uno de los voceros de los transportistas, aseguró que unas 30 familias decidieron dejar de trabajar bajo ese esquema por considerarlo perjudicial, situación que, según afirma, derivó en la pérdida inmediata de las asignaciones de fletes.

Desde la conducción nacional de CATAC rechazaron las acusaciones. Su presidente, Ramón Jatip, negó que existieran irregularidades y sostuvo que los transportistas abandonaron voluntariamente ese esquema de trabajo.

La respuesta de Cargill

Frente a las denuncias, Cargill aclaró que las personas que impulsan el reclamo no mantienen ni mantuvieron una relación laboral con la empresa, sino que son prestadores independientes de servicios de transporte.

La firma indicó además que la distribución de las cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco de la libertad de contratación, y reiteró que la prioridad de la compañía es preservar las condiciones de seguridad para el desarrollo de las operaciones.

En ese sentido, ratificó que la planta permanecerá sin actividad hasta que considere garantizadas esas condiciones.

Sin intervención oficial

Mientras el conflicto se extiende desde hace aproximadamente diez meses, los camioneros mantienen un acampe pacífico en los accesos a la planta y reclaman la apertura de una instancia formal de negociación.

Sin embargo, desde el Municipio de General Arenales señalaron que se trata de un diferendo entre privados y consideraron que el caso excede las competencias de la administración local, por lo que no impulsarán una intervención institucional.

Ante la falta de avances, los transportistas advirtieron que, si no se abre una mesa de diálogo, podrían profundizar las medidas de protesta y extender las manifestaciones a otras plantas que Cargill posee en la región.