En medio de la creciente disputa con la Confederación General del Trabajo (CGT) por el avance de la reforma laboral, el Gobierno nacional mantiene una deuda millonaria con las obras sociales sindicales, lo que suma un nuevo foco de tensión en la relación con el movimiento obrero. Del total comprometido, el Ejecutivo solo abonó una parte, mientras los gremios denuncian la retención de fondos que pertenecen a los trabajadores.

La deuda total asciende a unos 60.000 millones de pesos y corresponde a reintegros por medicamentos y tratamientos de alto costo que las obras sociales financiaron y debían ser compensados por el Estado. En octubre pasado se había acordado un esquema de cancelación en tres pagos a realizarse entre ese mes y diciembre, pero hasta el momento solo se transfirieron alrededor de 23.000 millones de pesos, poco más de un tercio del monto adeudado.

Según fuentes oficiales, el saldo pendiente ronda los 37.000 millones de pesos, una situación que generó un fuerte malestar en el sindicalismo, especialmente en un contexto de conflicto abierto con el Gobierno por la reforma laboral impulsada desde la Casa Rosada.

Desde el Ejecutivo atribuyen la demora a cuestiones administrativas. Argumentan que los reclamos implican la revisión de aproximadamente 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a períodos previos a 2021, y que cada uno debe ser evaluado de manera manual, lo que habría ralentizado los desembolsos previstos.

En la Casa Rosada rechazan que la postergación de los pagos esté vinculada a la pulseada política con la CGT y aseguran que se trata de una “demanda histórica”, con deudas acumuladas desde 2019. No obstante, evitaron precisar fechas concretas para completar la cancelación del total adeudado y señalaron que los pagos se realizan “por tandas”, a medida que se aprueban nuevos expedientes.

Los fondos destinados a saldar esta deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes obligatorios descontados mensualmente de los salarios de los trabajadores registrados. Desde el sector gremial advierten que durante gestiones anteriores parte de esos recursos quedó inmovilizada en cuentas del Banco Nación y estiman que podría haber hasta 300.000 millones de pesos sin ejecutar, lo que profundiza el enojo por la falta de transferencias.

La demora en los pagos se produce mientras la relación entre el Gobierno y la CGT atraviesa uno de sus momentos más críticos. En los últimos días, la central obrera protagonizó movilizaciones frente a la Casa Rosada y en Plaza de Mayo, con advertencias de avanzar hacia un paro general. En ese marco, la postergación del debate de la reforma laboral para febrero fue interpretada por el sindicalismo como una instancia para ganar tiempo y negociar, mientras que desde el oficialismo la atribuyen a dificultades políticas y parlamentarias.