El gobierno de Javier Milei profundizó su política de reducción del Estado y avanzó sobre dos históricos emblemas del turismo social argentino: las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal. A través de una resolución oficial, dispuso el desplazamiento de todo el personal que aún trabajaba en ambos complejos y habilitó su futura concesión o privatización.

La medida afecta a 101 trabajadores en total. En el caso de Embalse, ubicado en el Valle de Calamuchita, unos 45 empleados quedaron alcanzados por la decisión oficial. Según denunciaron desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el complejo quedará completamente vacío de personal por primera vez desde su inauguración a mediados del siglo pasado.

El esquema adoptado por el Gobierno establece diferencias según la situación laboral de cada trabajador. Los empleados de planta permanente fueron incorporados al régimen de “disponibilidad”, una figura que les otorga hasta un año para ser reubicados dentro de la administración pública nacional. Si no consiguen una nueva asignación durante ese período, serán desvinculados definitivamente con indemnización.

En paralelo, los trabajadores contratados fueron despedidos de manera inmediata. La misma modalidad se aplicó tanto en Embalse como en Chapadmalal, dos complejos históricos creados bajo políticas de turismo social destinadas a facilitar vacaciones accesibles para sectores populares.

Los predios dejaron de depender del área de Turismo y fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de gestionar propiedades estatales. Desde allí se confirmó que los complejos podrán ser concesionados o puestos a la venta para el desarrollo de proyectos privados.

En el caso del predio cordobés, se trata de más de 300 hectáreas ubicadas junto al lago de Embalse, uno de los principales puntos turísticos de la provincia. La decisión despertó un fuerte rechazo sindical y reavivó el debate sobre el futuro del patrimonio estatal vinculado al turismo social.

Desde Asociación Trabajadores del Estado advirtieron que el cierre representa un golpe tanto para los trabajadores como para miles de familias que históricamente accedieron a vacaciones a bajo costo en esos complejos. El secretario general de ATE Río Tercero, David Salto, aseguró que nunca antes se había producido un vaciamiento total del personal en Embalse.

Como respuesta, los gremios anunciaron medidas de protesta. Este fin de semana los trabajadores despedidos realizarán una manifestación sobre el puente del dique de Embalse, mientras esperan una reunión con funcionarios de la Jefatura de Gabinete para intentar revertir la decisión oficial.

Sin embargo, entre los representantes sindicales predomina el pesimismo. Según relataron delegados gremiales, desde el Gobierno ya les adelantaron que la determinación forma parte de un plan estructural y que no habría intención de retroceder.

El cierre de los complejos se enmarca en la política de ajuste impulsada por la administración libertaria, que considera al turismo social como un área deficitaria y apunta a reducir al mínimo la intervención estatal en ese sector. Entretanto, los trabajadores afectados denuncian que detrás de la reestructuración se esconde un proceso de privatización de activos públicos históricos.