El Concejo Deliberante de La Plata aprobó un decreto mediante el cual expresa su rechazo a la instalación de dos centrales termoeléctricas —conocidas como Abasto I y Abasto II— previstas en el kilómetro 49 de la Ruta 2. La decisión fue respaldada por concejales y diversas organizaciones sociales y ambientales que advierten sobre las consecuencias negativas del proyecto.

Según el texto oficial, la instalación de estas plantas representa una amenaza concreta con “graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales en toda la Región Capital”. Las termoeléctricas, que funcionan mayormente con combustibles fósiles como gas natural o fuel oil, son señaladas como fuentes importantes de emisiones contaminantes: dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxidos de azufre (SO2) y material particulado fino (PM2.5), entre otros.

La exposición prolongada a estos contaminantes está asociada, según investigaciones del International Journal of Environmental Research and Public Health y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), a enfermedades respiratorias, cardiovasculares e incluso al aumento de la mortalidad prematura, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Además, se remarcó que el proyecto no contempla una participación ciudadana adecuada ni mecanismos de consulta pública, en contraposición a lo establecido por el Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina mediante la Ley N.º 27.566— que garantiza el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia.

El Foro en Defensa del Río de La Plata, la Salud y el Medioambiente también expresó su oposición, señalando que “nadie niega la crisis energética, pero eso no justifica soluciones que pongan en riesgo el ambiente y la salud de la población”. Como alternativa, propusieron invertir en una planta de energía solar.

La polémica crece también en Brandsen, donde vecinos se organizaron en asambleas para manifestar su preocupación por el uso de millones de litros de agua potable al día por parte de las plantas, así como por el vertido de aguas residuales contaminadas en el Arroyo San Luis, parte de un humedal protegido por ordenanza local. Las repercusiones del proyecto afectarían a zonas como Abasto, Olmos, Romero, Villa Elvira, Gonnet, City Bell, Ensenada y Berisso, entre otras.

Cabe recordar que la empresa SCC Power, a cargo del emprendimiento, ya fue objeto de controversias en Pilar, donde debió cerrar una planta termoeléctrica luego de múltiples reclamos vecinales.

Finalmente, desde el Concejo Deliberante se apeló al artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, y se pidió que se prioricen alternativas energéticas sustentables en cualquier decisión sobre infraestructura energética.