En la antesala de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, los gremios docentes y nodocentes volvieron a reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un conflicto que suma tensión política, judicial y salarial.

Representantes de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) y de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) mantuvieron un encuentro con diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, donde reiteraron la necesidad de que la administración de Javier Milei transfiera los fondos correspondientes para funcionamiento universitario, salarios y becas estudiantiles.

La reunión se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas por el Frente Sindical Universitario y contó con la participación de Walter Merkis, secretario general de FATUN, y Daniel Ricci, titular de FEDUN, junto a otros dirigentes gremiales.

Desde FATUN remarcaron que el encuentro sirvió para profundizar la articulación con distintos sectores políticos y reforzar la convocatoria a la movilización nacional prevista para la próxima semana.

“Seguimos fortaleciendo la unidad para defender la Universidad Pública, exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar la urgente convocatoria a paritarias”, señalaron desde el gremio NODOCENTE tras la reunión.

Además, destacaron el respaldo expresado por legisladores nacionales a la nueva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que volverá a reunir a docentes, trabajadores, estudiantes y autoridades académicas en defensa del sistema universitario público.

Crece la tensión judicial por el financiamiento

El reclamo sindical se produce en un contexto de creciente conflicto institucional entre el Gobierno y las universidades nacionales. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en noviembre de 2025, continúa sin aplicarse plenamente pese a distintos fallos judiciales que ordenaron su cumplimiento.

La Justicia había fijado el pasado 17 de abril como fecha límite para actualizar partidas presupuestarias y salarios universitarios. Sin embargo, el Ejecutivo nacional no avanzó con la transferencia de fondos.

En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la aplicación de la norma. Aunque la apelación no suspende formalmente la vigencia de la ley, en los hechos significó una nueva demora en la recomposición salarial y en el envío de recursos a las universidades.

Desde el Gobierno sostienen que la ley resulta “inconstitucional” por no especificar las fuentes de financiamiento, un planteo que ya había sido rechazado previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Salarios deteriorados y universidades en crisis

Los gremios universitarios advierten que el deterioro salarial ya acumula 17 meses consecutivos. Según denunciaron, durante 2025 la pérdida del poder adquisitivo alcanzó los 35 puntos, mientras que en 2024 no hubo recomposición frente a una inflación anual del 118%.

En términos acumulados, sostienen que el retroceso salarial llega a 141 puntos, llevando los ingresos del sector a niveles comparables con los registrados tras la crisis de 2001 y 2002.

A su vez, el Consejo Interuniversitario Nacional alertó sobre un recorte cercano al 45% en los fondos destinados a gastos operativos durante los últimos dos años, una situación que impacta directamente sobre el funcionamiento académico, la investigación científica y las tareas de extensión universitaria.

En este escenario, la movilización del 12 de mayo buscará volver a poner en agenda la situación crítica de las universidades públicas y aumentar la presión sobre el Gobierno para que cumpla con la ley sancionada por el Congreso.