El debate abierto en el Concejo Municipal de Rosario por la posible incorporación de publicidad en los taxis volvió a poner en primer plano la profunda crisis que atraviesa el sector en todo el país. Si bien la iniciativa fue presentada como una alternativa para evitar nuevos aumentos tarifarios, desde el Sindicato de Choferes de Taxis relativizaron su impacto real y reclamaron discutir de manera integral el futuro del servicio público.

“Ya tuvimos una experiencia similar hace quince años y podemos asegurar que no mueve el amperímetro”, afirmó el secretario general del gremio, Horacio Yannotti. Según explicó, el ingreso que puede generar la publicidad en las unidades resulta marginal frente a los costos de la actividad. “El equivalente a tener un cartel durante un año era lo que salía una batería. No es una solución estructural para la situación que estamos viviendo”, remarcó.

Desde el sindicato reconocen que la publicidad puede representar un ingreso complementario, pero advierten que está lejos de revertir un escenario marcado por la caída sostenida de los viajes, el aumento de los costos operativos y la pérdida constante de choferes y unidades. “Mes a mes estamos perdiendo fuentes de trabajo. Eso es lo verdaderamente grave”, alertó Yannotti, en una advertencia que se replica en distintas ciudades del país.

El problema de fondo

Para el gremio, la discusión de fondo excede largamente la cuestión publicitaria. El principal foco de preocupación está puesto en el avance de las aplicaciones de transporte como Uber y Didi, que —según denuncian— operan por fuera de las normativas vigentes. “No se puede competir con tarifas de un transporte ilegal que no tributa, no rinde cuentas y no asume ninguna responsabilidad civil, penal, laboral ni impositiva”, sostuvo el dirigente sindical.

En ese marco, Yannotti se mostró escéptico frente a los intentos de legalización de estas plataformas. “Ya fueron convocadas dos veces y nunca se sentaron a discutir reglas claras”, señaló, y remarcó que la falta de controles genera una competencia desigual que erosiona al taxi como servicio público.

Desde el sindicato insisten en que el problema no es solo económico, sino también político. “Si queremos hablar seriamente del futuro del taxi, es el Estado —en este caso el municipio— el que debe cuidar al sector”, planteó el secretario general. De lo contrario, advirtió, el resultado será un deterioro progresivo del transporte urbano, con impacto directo en el empleo y en la calidad del servicio.

Reclamo por una tarifa viable

El debate se da además en un contexto en el que el sindicato volvió a presentar ante el Concejo Municipal un pedido formal de actualización tarifaria. La propuesta contempla un aumento del 25% a partir del 1° de enero, que el gremio considera imprescindible para sostener la actividad en un escenario de costos crecientes.

Según explican desde el sector, sin una recomposición adecuada de la tarifa, cualquier iniciativa complementaria —como la publicidad en los vehículos— funcionará apenas como un paliativo insuficiente frente a una crisis de carácter estructural.

Así, el reclamo de los trabajadores del taxi va más allá de un ingreso extra o un ajuste puntual: apunta a una política pública integral que garantice condiciones equitativas de competencia, reconozca el costo real de la actividad y preserve miles de puestos de trabajo formales en uno de los servicios históricos del transporte urbano.