La polémica por el envío de reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al exterior escaló en los últimos días a un nivel de máxima gravedad institucional. Por orden de la Justicia, la entidad monetaria debió reconocer que durante todo 2024 no existieron contratos, acuerdos ni documentación legal que respalden la operatoria mediante la cual se trasladaron lingotes de oro fuera del país, una maniobra valuada en cerca de USD 5.000 millones. Una suerte de Casa de Papel, versión argentina, pero con activos estratégicos del Estado.

El 24 de diciembre, la Cámara Contencioso Administrativa Federal hizo lugar a un amparo presentado por el diputado nacional y dirigente bancario Sergio Palazzo y ordenó al BCRA informar en detalle sobre las operaciones realizadas con las reservas de oro a lo largo de 2024. El tribunal revocó así una resolución previa que había avalado la reserva de la información y consideró insuficientes los argumentos de confidencialidad esgrimidos por la autoridad monetaria.

En su fallo, los jueces establecieron que el Banco Central debía entregar la información requerida o, en su defecto, justificar de manera técnica y concreta por qué su divulgación podría generar un riesgo financiero real. En ese contexto, trascendió que uno de los envíos de oro habría alcanzado un valor cercano a los USD 450 millones y que el destino habría sido Londres. La operatoria fue defendida públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien la presentó como una estrategia para obtener rentabilidad sobre un activo que —según su visión— permanece improductivo si se mantiene en el país.

“Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble: no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, había argumentado Caputo, al sostener que su custodia en el exterior permitiría maximizar los rendimientos del patrimonio estatal.

Sin embargo, la información conocida en las últimas horas agravó de forma sustancial el escenario. En una nota oficial remitida a la Auditoría General de la Nación (AGN), el propio Banco Central admitió que no existen contratos de colocación de los lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con ningún otro depositario del exterior, ni durante 2024 ni al cierre del ejercicio anterior. “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”, fue la respuesta textual de la entidad presidida por Santiago Bausili.

La admisión implica que la operatoria se habría realizado sin respaldo contractual, sin dictámenes jurídicos y sin un marco formal que permita su posterior auditoría. Según la información disponible, el traslado de las reservas se habría concretado incluso en un operativo nocturno, utilizando un avión comercial y sin dejar rastro documental verificable.

Este reconocimiento oficial refuerza las observaciones ya formuladas por la Justicia. La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, había advertido que Bausili no justificó adecuadamente su negativa a informar sobre el destino del oro y que esa conducta vulneró principios elementales de transparencia en la administración de bienes públicos.

La inexistencia de contratos no es un detalle menor. Al tratarse de activos estratégicos del Estado nacional, la pérdida de trazabilidad documental abre un flanco de posible responsabilidad penal para las autoridades del Banco Central. Sin respaldo legal, la custodia y administración de las reservas dejan de ser una cuestión meramente administrativa y pasan a tener implicancias personales para los funcionarios intervinientes.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con eventuales acciones legales por entorpecimiento de auditoría, una vez completada la jura de los nuevos auditores. El contexto internacional suma presión adicional: el precio del oro se encuentra en niveles récord, cercano a los USD 4.400 la onza, lo que mejora de manera contable la posición del BCRA en un escenario de reservas netas negativas. Estimaciones privadas indican que, sin el efecto del alza del oro, el rojo patrimonial del Central sería todavía más profundo.

Con el expediente ya en sede judicial y una orden expresa de la Cámara para entregar información precisa, el margen para sostener el hermetismo se reduce al mínimo. La controversia dejó de ser política o técnica y se encamina ahora a un terreno judicial, donde se evaluará si el envío de oro al exterior sin contratos ni documentación legal configura una irregularidad penal en el manejo de uno de los activos más sensibles del Estado argentino.