Un fallo judicial en Corrientes marcó un antecedente clave sobre el uso de pruebas digitales en el ámbito laboral. El Juzgado Laboral N.º 2, a cargo del juez Héctor Rodrigo Orrantía, dejó sin efecto el despido con causa de un trabajador de un supermercado acusado de robo, tras considerar que el video presentado por la empresa carecía de la cadena de custodia necesaria para garantizar su autenticidad.

El caso se inició cuando la firma despidió al empleado bajo el argumento de “injuria grave por pérdida de confianza”, apoyándose en una grabación en la que supuestamente se lo veía retirando mercadería sin pagar. El material fue acompañado por un acta notarial que daba fe de su existencia. Sin embargo, el magistrado remarcó que esa documentación solo probaba que el video había sido exhibido, pero no que las imágenes no hubieran sido editadas o alteradas.

En su resolución (fallo N.º 165/25), el juez sostuvo que para que una filmación tenga validez legal debe ser resguardada con mecanismos técnicos objetivos, como el hashing o pericias informáticas que acrediten su inalterabilidad. Estos procedimientos permiten confirmar que el archivo no sufrió modificaciones y que corresponde efectivamente a la fecha, lugar y persona señalada.

El magistrado también recordó que, en casos de despido con causa, la carga de la prueba recae en el empleador, quien debe demostrar la injuria de manera precisa y sin margen de duda. Al no haber acreditado la autenticidad del video ni la identificación del trabajador, el despido fue declarado injustificado.

En consecuencia, la Justicia condenó al supermercado a pagar al empleado más de $2,8 millones en concepto de indemnización, intereses y el agravamiento previsto en la Ley 25.323.

El fallo, difundido por El Litoral, subraya la importancia de preservar la cadena de custodia en pruebas digitales y abre un debate sobre los estándares de validez de este tipo de materiales en los juicios laborales.